El crimen ocurrió en marzo pasado. El primer detenido en el caso está sospechado de instigar el homicidio del joven de 26 años
Tiene 28 años y según la teoría fiscal, la víctima fue hasta su casa en moto pero en lugar de atenderlo mandó a otros tres a matarlo. Los agresores lo corrieron a los tiros, varios proyectiles impactaron en el cuerpo de Agustín Gabriel Rosales que no logró superar las lesiones y murió a poco de ingresar al hospital. El sospechoso fue detenido en un allanamiento donde se secuestró, entre otros elementos, dosis de droga y municiones. Para la fiscalía fue el instigador del crimen.
Los fiscales contaron que el 20 de marzo, cerca de las 23.20, en French y San Gerónimo, a la altura de las vías del tren balearon a Agustín Gabriel Rosales, de 26 años. Lo llevaron al Heca pero falleció a poco de ingresar.
Según la reconstrucción la víctima iba a bordo de una moto Honda Wave: en ese momento un muchacho entró a la casa de Nicolás G. para avisarle que Rosales lo buscaba.
Entonces, le contestó que lo matara. Ante la orden, el mensajero salió con dos personas más y corrieron a Rosales a los tiros.
La víctima recibió varios plomazos en el cuerpo que lo derribaron de la moto. Algunos llamados telefónicos alertaron del hecho al 911. Rosales fue trasladado al Heca pero no logró superar las heridas. Falleció por shock hipovolémico por hemorragia masiva de abdomen por proyectil de arma de fuego.
El sospechoso fue detenido el primero de abril durante un allanamiento que realizó las Tropas de Operaciones Especiales (TOE).
Además secuestraron en el lugar 153 dosis de cocaína, 867 mil pesos en efectivo. También encontraron 38 cartuchos calibre 9 milímetros y 1 cargador de arma de fuego, teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.
Para los fiscales Patricio Saldutti y Georgina Pairola de la Unidad de Homicidios Dolosos este joven es el instigador del delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego de Rosales.
Tras la imputación la fiscalía solicitó una medida cautelar de encierro que la jueza Lorena Aronne dispuso por el plazo de ley, es decir dos años como máximo mientras avanza la investigación.
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