Los mandatarios de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa calificaron a la reforma de Milei como un retroceso
En un comunicado conjunto, los mandatarios de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestaron su firme oposición al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional.
Los gobernadores calificaron la iniciativa como un retroceso en materia de derechos sociales y exhortaron a las fuerzas legislativas a votar en contra de su aprobación.
El documento emitido subraya que, si bien existe consenso sobre la necesidad de actualizar los marcos normativos ante los cambios tecnológicos y sociales, dicha modernización no debe traducirse en el desmantelamiento de las garantías vigentes.
Según el bloque regional, la propuesta oficialista no atiende los problemas estructurales del empleo, sino que agrava la incertidumbre en un contexto de retracción económica.
Los firmantes argumentan que el proyecto carece de evidencia fáctica respecto a la generación de puestos de trabajo. «Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización, esta reforma facilitará despidos y reducirá estándares de protección«, sostiene el comunicado.
Asimismo, enfatizaron que la medida posee un carácter «antifederal«, al no contemplar las particularidades de las economías regionales ni haber sido consensuada con los gobiernos provinciales.
El pronunciamiento también vincula la reforma con la actual coyuntura económica, denunciando la pérdida de 300.000 puestos de trabajo y el cierre de 21.000 empresas bajo la gestión actual. Para los mandatarios, la solución a la informalidad reside en políticas de desarrollo productivo y no en el recorte de derechos.
Hacia el cierre del documento, los gobernadores apelaron a la protección del sistema de derechos laborales construido históricamente en el país.
El bloque concluyó reafirmando su disposición a un debate legislativo que busque ampliar la formalidad laboral y la protección del trabajador, distanciándose de la orientación económica que sustenta el proyecto de ley en debate.
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