Concejales de la oposicióny un grupo de ONG coincidieron en promover desde el Palacio Vasallo una jornada para debatir los aumentos de tarifas en los servicios de agua y energía en Santa Fe. No obstante, ese encuentro todavía no tiene una fecha definida.
“El objetivo, que tomamos con el concejal Roberto Sukerman, fue el de convocar a ediles y a distintas organizaciones de consumidores para analizar el tarifazo anunciado por el gobierno provincial en materia de agua y suministro de energía eléctrica”, señaló la vicepresidenta primera del Concejo, Norma López, como preámbulo a la exposición que realizó ayer Alberto Muñoz, integrante del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), sobre la realidad de la prestación del servicio de agua en la provincia.
Justamente, Muñoz aseguró que “la razón real en que se basa el pedido de aumento no es el proceso inflacionario, sino que es la deserción del Estado provincial” respecto de sus compromisos con el saneamiento. “Esto se ve con claridad en las curvas de inversión”, subrayó, y explicó: “En esas curvas se puede ver con nitidez cómo se refleja el aporte de los usuarios y los ingresos por ventas de la empresa. Así se puede precisar la curva de inversión del Estado provincial, que cae abruptamente en 2012”.
“El año pasado –continuó el funcionario– ante la decisión de aumentar tarifas, el Enress sacó una resolución que decía que el tercer aumento tenía que venir atado a la efectiva colocación de medidores. Se le planteó que colocara 20.000 antes de finalizar el quinto bimestre de 2012, cosa de que mostrara la empresa su voluntad. El Estado, en su resolución, lo relativizó, lo que presagiaba un incumplimiento y le pidió a la empresa un plan, que se presentó. La empresa dijo que no lo iba a cumplir en el quinto bimestre, pero que a fin de año colocaría 20.000 medidores. La realidad es que sólo puso 5.700”.
Además de los ediles Sukerman y López, también participaron de este encuentro sus pares Alberto Cortés del socialismo auténtico; Héctor Cavallero y Fernanda Gigliani, del Partido del Progreso Social, y María Eugenia Schmuck de la Unión Cívica Radical. Entre los representantes de las ONG asistieron Marcos Aviano, del Foro del Agua, y Juan López, de la Cátedra Libre del Agua de la Universidad Nacional de Rosario.
Muñoz señaló que la inversión total del Estado provincial sumando constitución accionaria provincial, gastos de operación y de inversión, fue creciendo nominalmente desde 2006 a 2011. “Arrancó con 51 millones y llegó a 303,7 millones de pesos nominales en 2011. La curva nominal ascendente se desplomó en 2012 a 200 millones, lo cual paralizó la mayoría de las obras de la empresa”, indicó Muñoz, quien al mismo tiempo expresó que “la tarifa de los usuarios recibió en el lapso apuntado tres aumentos, esto es 29 por ciento en 2008, el segundo en 2010 escalonado en distintos bimestres, y el tercero en 2012 con la misma modalidad, en cinco rangos que oscilaron entre el 63,06 por ciento a 135,41 por ciento”.
Muñoz aseguró que el comportamiento de los usuarios durante el incremento tarifario del año pasado fue “de bajo nivel de morosidad, en contraposición a la disminución de la inversión pública”. Y añadió: “La desinversión que sufrió el sistema de Assa durante 2012 tiene consecuencias en el deterioro de los servicios. Los problemas de presión, calidad, discontinuidad, reparación de fugas, falta de cobertura, obstrucciones cloacales y colapso de capacidad de producción, entre otras causas, reconocen raíces estructurales que se pudieron haber subsanado si se mantenía el nivel creciente de inversión”.
Por último, Muñoz subrayó que el horizonte a corto y mediano plazo no aparece mejor: “Se plantea preocupante, con un presupuesto enviado por el Ejecutivo de sólo 107 millones, el menor de los últimos siete años, que es la verdadera razón del aumento tarifario”.
