El proyecto de ley determina la creación de una entidad que elabore precios de referencia anclados al mercado nacional de alimentos de consumo masivo. El objetivo político es dar la discusión sobre la elaboración y comercialización de los alimentos en el país.
Los diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli mantuvieron un encuentro con el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, para trabajar en «la elaboración de un proyecto de ley que permita la creación de la Empresa Nacional de Alimentos».
«Es hora de discutir realmente el proceso de producción y comercialización de los alimentos en nuestro país porque es inmoral que haya dificultades para que las familias accedan a la canasta básica de alimentos», afirmó Grosso a través de un comunicado.
Además, explicó que «en la escalada inflacionaria también vemos especulación de precios generada por la concentración de empresas, por eso es importante que el Estado en conjunto con las pymes y sectores de la economía popular formen parte del mercado».
El santafesino Toniolli señaló que «con planificación estatal, y la incorporación de experiencias productivas preexistentes en todo el país, que involucran a las pymes, a cooperativas, a empresas sociales productoras de alimentos, a agricultores familiares, a gobiernos locales, entre otros actores, es posible avanzar en la construcción de precios de referencia anclados al mercado nacional».
«Es una apuesta al trabajo, a la producción y al cuidado de la mesa de los argentinos, en un momento mundial complejo y excepcional, que requiere también de respuestas excepcionales», completó.
Por su parte, Klejzer consideró que «en la pospandemia ya no se discute la intervención del Estado, sino las formas, allí radica nuestro desafío».
Más del 80 por ciento del total de la comercialización de alimentos en Argentina se encuentra en manos de 6 grandes cadenas de supermercados y el 74% de la facturación de los productos de la góndola corresponden a 20 empresas monopólicas.
En términos generales, el borrador de la propuesta indica que el Estado tendría el 51% de las acciones mientras que el 49% le correspondería a las pymes nacionales y a sectores de la economía popular.
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