El juez Pablo Yadarola fue votado por el pleno del Senado, incluido el bloque peronista, para integrar la Sala I de la Cámara Federal. Y un día después de jurar en el cargo, esa instancia ratificó este viernes el apartamiento de los querellantes en la causa de la megaestafa cripto $LIBRA. La decisión beneficia el oficialismo y en particular al presidente Javier Milei, quien promocionó el token del escándalo. Es que los cinco inversores perjudicados que hasta ahora intervenían en el proceso fueron los únicos que sumaron pruebas sobre los delitos en contraste con la inacción judicial. Quien había pedido desplazarlos es el lobbista Mauricio Novelli.
Yadarola es uno de los magistrados invitados a Lago Escondido: en octubre de 2022, viajaron en avión privado a la estancia del magnate Joe Lewis «invitados» por directivos del Grupo Clarín.
En su último día al frente del Juzgado Penal Económico, que debía dejar por su ascenso a camarista, le hizo otro favor al Gobierno libertario. Dispuso el archivo de la causa que investigaba el avión del empresario ligado a los servicios de inteligencia y al oficialismo Leonardo Scatturice.
Ese expediente es conocido como el «escándalo por las valijas» en el aeropuerto de Ezeiza. Lo que se pretendía aclarar es cómo Laura Arrieta, colaboradora directa del empresario, ingresó al país con diez bultos no declarados y recibió un trato diferencial para que no se los revisaran.
Ahora, el otro nuevo integrante en regla de la Cámara, también propuesto por el Gobierno, Pablo Bertuzzi, ratificó con su firma el apartamiento de los cinco querellantes de $LIBRA, una medida que dispuso en julio último y en primera instancia Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8.
Así, la investigación de la estafa queda solo en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras y el ninguneo de pruebas que, precisamente, habían presentado los damnificados. El otro camarista que puso la firma para eso es Mariano LLorens.
Bertuzzi ya estaba en la Cámara federal desde 2018. Había ingresado gracias al traslado dispuesto por el entonces presidente Mauricio Macri. Permaneció allí de manera irregular, sin haber cumplido con el concurso que manda la ley, hasta que la administración libertaria propuso regularizarlo. En su caso, hubo más resistencia de los senadores peronistas para aprobarle el pliego que con Yadarola.
La Cámara Federal porteña revisa las decisiones adoptadas por los jueces de Comodoro Py en causas por corrupción pública, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros delitos complejos. Es, por lo tanto, relevante para el Gobierno, porque es un filtro para los expedientes que comprometen a funcionarios. Además de $LIBRA, el de las coimas en la agencia de discapacidad Andis, por caso.
Los argumentos
En el escrito, los jueces Llorens y Bertuzzi compartieron el criterio del juez Martínez de Giorgi contra el derecho de querella que reclamaron Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.
Para los magistrados, la operatoria de la cripto «se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito».
Y agregaron, a tono con los argumentos del propio Milei y de Novelli, que «quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido».
Llorens y Bertuzzi rechazaron la hipótesis planteada por los cinco afectados: haber sido «víctimas de un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales» junto con «un grupo de desarrolladores de criptoactivos» que «se valió de la utilización dolosa de algún tipo de ardid o engaño orientado a provocar en ellos una disposición patrimonial perjudicial». Para los camaristas, esa lectura se encuentra «diluida» ante las pruebas de la causa.
