El superávit fue mayor al esperado explicado por la ausencia de gestión del Estado, el congelamiento en las partidas de gasto, el no pago de los subsidios de energía y la licuación de las partidas vinculadas a prestaciones sociales
El informe fiscal del Centro de Economía Política (CEPA) para enero 2024, sostiene que se consolida la recaudación y gasto de todo el sector público nacional. En enero el superávit fiscal fue de $ 2 billones, los intereses de deuda pagados de $ 1,5 billones y el superávit financiero $ 0,5 billones. Según detallan, este número se logró debido a la reducción de en las prestaciones sociales, subsidios y obra pública.
Las razones que explican este comportamiento son las siguientes:
Los ingresos crecieron mínimamente 0,7% principalmente por los impuestos al comercio exterior que se beneficiaron por la devaluación y los cambios regulatorios (suba del impuesto país).
Los gastos se desploman, cayendo casi 40%, especialmente como resultado de reducciones en las prestaciones sociales, subsidios y obra pública.
Los subsidios económicos a energía y transporte cayeron 64% real y el gasto de capital – que incluye obra pública-, hizo lo propio en 86%.
En el caso de energía, dado que el informe se realiza sobre la información en base caja, el hecho de que CAMMESA no haya pagado la mayor parte de los subsidios, se vio reflejado en que sus gastos de redujeran a su mínimo histórico (en torno al 20% del costo). De los $50 mil de costo real se pagaron sólo $11 mil, que en 11.182.000 MWh implican unos $436 mil millones. Esto monto es levemente inferior al superávit financiero. Dicho de otro modo, si la decisión hubiese sido no atrasar el pago, prácticamente no habría habido superávit.
El gasto en jubilaciones y pensiones fue equivalente al pago de intereses de deuda, en torno a $1,4 billones. Los intereses de deuda se incrementaron +26% real, y el gasto en jubilaciones y pensiones se redujo -38% real, enero contra enero.
El superávit finalmente fue mayor al esperado explicado por la ausencia de gestión del Estado, el congelamiento en las partidas de gasto, el no pago de los subsidios de energía y la licuación de las partidas vinculadas a prestaciones sociales.
En relación al FMI, la meta fiscal fue modificada y se estableció en un superávit de $960 mil millones para el mes de marzo. Por ende, con el superávit de $2 billones en enero, y con la continuidad de esta política de ajuste fiscal y licuación, luciría cumplible. Dependerá de la viabilidad política y social de la política.
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