Los otros derechos no considerados

Las preocupantes olas de delitos (es apropiado y justo el uso del plural en este caso) que asuelan al país desde hace bastante tiempo y que son subestimadas, menoscabadas disparatadamente, por ciertos sectores, ha dejado la pasmosa cifra de no menos de 35.000 muertos en los últimos diez años. Es decir, varios miles de muertos más de aquellos que acaecieron por responsabilidad de la última dictadura militar. La cifra, que aportan diversas instituciones estudiosas del tema, no está lejos de ésas que muestran, con atraso, los organismos oficiales, entre ellos la Dirección de Política Criminal de la Nación. El lector sabe muy bien que, como en el caso de la inflación y la desocupación, los gobernantes apelan a la verdad relativa, es decir al eufemismo estadístico (ambigüedad o macana, para decirlo sin rodeos), para remediar los males que aquejan a tantas personas. Es decir, si hay 200 asaltos seguidos de muerte, es probable que la conducción política manifieste que en realidad son 120. Si la inflación es del 2 por ciento, la conducción informa 0,5.

Estas oleadas de robos y muertes han despertado no sólo preocupación y angustia en toda la población, sino que dieron origen a una pregunta: ¿Qué hacen al respecto los organismos de derechos humanos? Y es una buena pregunta. Anteayer el hermano de Sandra, la maestra de la ciudad de Derqui asesinada, formuló, llorando, el mismo interrogante. Y no hay respuestas; y no las hay porque parece estar claro que las instituciones de derechos humanos del país, al menos algunas, nacieron, se robustecieron y perviven para la defensa de las víctimas de la dictadura. Es plausible, pero insuficiente.

Hasta la mesa de trabajo de quien escribe esta reflexión ha llegado una carta que es del caso reproducir. Dice así: “¡Cuánto dolor innecesario! Me he quedado muy triste después de escuchar las declaraciones del hermano de la docente asesinada en Derqui. Una persona de bien a punto de concretar su sueño: un embarazo. Una maestra respetada y querida; una familia unida con proyectos comunes y, de pronto, todo se desbarranca porque tres individuos, sin ningún tipo de consideración, deciden quitarle la vida. La verdad es que este caso, sumado al de la arquitecta y catequista de la semana pasada, y a otros, han movilizado a una gran parte de la ciudadanía, pero lamentablemente quienes tienen que hacer algo permanecen con los oídos sordos. En la familia estaba muy hablado el tema de la no resistencia, de entregar todo para preservar la vida, pero aún así estos chicos, dos menores y uno de 19 años optaron por matarla”. “Escuché –dice María, autora de la carta– que uno de los menores es hijo de un policía y que el padre decidió entregarlo. De todos modos, todo lo que suceda de aquí en más no va a mitigar el dolor de esa familia. El muchacho de 19 años, delinquía desde los 15, tenía causas por robos, uno de ellos a mano armada. ¿Hasta cuándo? Dejémonos de macanas y de tantas vueltas con el tema de la edad de imputabilidad y de una vez por todas pongamos las cosas en su lugar. No sé, tengo la sensación de que sobre el asunto inseguridad, asunto que se lleva vidas, nadie se quiere hacer cargo. La que tiene que salir a bajar línea y acabar con todas estas idas y venidas es la presidente. Le quedan por delante dos años de gobierno, ya es hora de que empiece a defender al pueblo y haga lo que tiene que hacer con respecto al tema. Que termine con cosas banales y ponga énfasis en lo prioritario”. ¿Se podría añadir algo más?