Los prácticos no están agremiados, son profesionales independientes. Por eso, el Gobierno no puede aplicar una conciliación obligatoria para desactivar el paro por tiempo indeterminado. Tampoco dialoga. Cámaras empresarias advirtieron sobre pérdidas diarias millonarias y pérdida de prestigio para el país
Foto: gentileza sitio especializado Argenports.
El rechazo de los prácticos de río al decreto impulsado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger sobre la navegación fluvial derivó en una paralización de las operaciones que afecta a varios sectores, básicamente exportadores pero también otros vinculados, y en especial compromete a los puertos del gran Rosario. Este martes, había unos 140 buques sin posibilidad de operar.
El servicio de practicaje, que consiste en asistir a los barcos en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, permanece interrumpido tras la implementación del Decreto 690/2026, que desreguló el reglamento vigente para la actividad desde 1991.
La nueva normativa exime a los capitanes extranjeros de contratar prácticos locales, amplia las dimensiones de los barcos para los cuales es obligatorio requerir esa asistencia, elimina el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y habilita a la Prefectura a prestar el servicio.
Precisamente, el Gobierno nacional ordenó a la Prefectura que intime a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata. Los prácticos llevan adelante un paro (en rigor lockout) por tiempo indeterminado.
Los prácticos no están nucleados en un gremio, pero decidieron de forma coordinada no aceptar nuevos contratos. Y eso le juega en contra al Gobierno: no puede dictar una conciliación obligatoria porque técnicamente no hay un conflicto laboral sino una determinación individual de profesionales independientes.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, expuso en Cadena 3 que «cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día». Y marcó otros posibles perjuicios: «Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación».
Los efectos se sienten en todo el país. En Neuquén se detuvo la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, porque el puerto de Bahía Blanca no puede cumplir con las maniobras pautadas.
La Cámara Argentina de Energía (Cade) informaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas debido a la «indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan».
La parálisis de los puertos abarca desde el extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. Pero impacta con especial fuerza en el Río de la Plata y el Paraná, zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina.
La medida de fuerza de los prácticos dejó ya a decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes. Y complica a las exportaciones de granos, harinas y aceites vegetales.
El sitio especializado Argenports cita a fuentes directamente vinculadas a la actividad portuaria para señalar que la operatoria permanece paralizada.
Ante eso, se comenzó a modificar la planificación logística de terminales, exportadores, armadores y agencias marítimas. Las mismas fuentes explicaron que los buques continúan cargando en las terminales, aunque dejarán un margen de algunos pies de calado respecto del máximo previsto para cada operación.
Ese margen será completado una vez que la medida de fuerza finalice y se restablezcan los servicios de practicaje. Recién entonces los buques completarán la carga y podrán iniciar su viaje con el volumen originalmente programado. Aunque las embarcaciones podrían zarpar sin completar la carga, eso es inviable económicamente.
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