«Los que beneficiaron a Traferri fueron los fiscales que lo investigaron cometiendo irregularidades que podrían generar futuras nulidades”

Una audiencia con mucha tensión se vivió la mañana de este viernes en el Centro de Justicia Penal en el marco del proceso en el que está siendo juzgado el ex fiscal regional Patricio Serjal por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, entre otros. En el mismo proceso es siendo juzgado Néstor Ugolini, que era empleado de la Fiscalía. La defensa de Serjal, a cargo de Ignacio Carbone, intenta probar que el caso estuvo armado y que esta situación fue develada cuando se encontró el teléfono de Mariana Ortigala (ahora detenida en una causa por narcotráfico) en el que se planificaba la futura declaración del zar del juego Leonardo Peiti contra Serjal. En esa circunstancia el abogado pidió ingresar las pruebas de la investigación de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno quienes estuvieron a cargo de la investigación contra Ortigala. Si bien los jueces no admitieron que se anexaran esas pruebas, lo que hicieron fue admitir que declararan algunos de esos fiscales.

La mañana comenzó con la declaración de Pablo Socca, quien junto a Moreno denunció a Matías Edery y Luis Schiappa Pietra por las irregularidades que descubrieron en la investigación de Mariana Ortigala, que era informante exclusiva de esos fiscales, algo que nadie del Ministerio Público de la Acusación de tenía conocimiento.  Pero además, apuntaron a los teléfonos de Ortigala quien mantenía un fluido trato con Matías Edery, y aportaba información sobre diversos hechos criminales y en particular sobre la trama del juego clandestino  que luego informaba a la banda de Los Monos, y lograba grandes beneficios como no estar acusada, ni ella ni su marido ni su hermano, en la causa de asociación ilícita de la banda de Los Monos y asegurarse impunidad no sólo para ella sino también para su familia y allegados en otras investigaciones, pese a que se comprobó que Mariana Ortigala adquiría propiedades mediante la comisión de extorsiones y estafas y otros delitos que luego usufructuaban parte del núcleo familiar del líder de Los Monos.

En su declaración, Socca menciona un tuit del diputado Provincial Palo Oliver que acusa a Socca, “Dijo que yo quiero proteger a Traferri (en relación al senador). Es mentira y es grave. Es integrante de un poder del Estado que tiene potestad para removerme como fiscal. Es impropio de su función y una intimidación para mí como testigo”, declaró Socca. Y destacó que los que “beneficiaron a Traferri fueron los fiscales que lo investigaron cometiendo irregularidades que podrían beneficiarlo con futuras nulidades o invalidaciones”. Otras de las cosas que declaró Socca es que en ese juicio es una situación muy incómoda y angustiante, ya que no era su intención revivir toda esa investigación y sólo estaba allí porque fue citado y no podía negarse a asistir.

El testimonio de Socca colaboró con la teoría de la defensa, que a su vez ya figura en la denuncia  que junto con Miguel Moreno radicaron en el marco de la investigación sobre Mariana Ortigala. “Sabíamos que Ortigala frecuentaba el Centro de Justicia Penal, como testigo del caso Alvarado. Pero no conocíamos todo lo que apareció en ese teléfono. Cuando lo vimos, entendimos que había una protección institucional hacia esta mujer y por eso hicimos una denuncia”, detalló Socca.

El eje central de la acusación apunta a que los fiscales Edery y Schiappa Pietra sabían de la actividad ilícita de Mariana Ortigala, Lorena Córdoba y sus allegados (el marido y hermano de Ortigala), pero actuaron como los garantes de la su impunidad desde 2019 hasta la fecha. Los motivos de este encubrimiento serían la obtención de información privilegiada sobre hechos criminales y, en una etapa posterior, el temor a ser extorsionado. Según el testimonio, Ortigala y Córdoba poseían «capturas de pantalla comprometedoras» que vincularían al fiscal Edery en situaciones personales o privadas con Lorena Córdoba, su propia imputada en una causa de crimen organizado, de la que ella resultó liberada Inmediatamente después de incriminar a Traferri a pedido de Edery, según consta en los chats del celular de Ortigala.

Según la denuncia, los fiscales Edery y Schiappa Pietra sabían que los hermanos Ortigala y Córdoba extorsionaban al capitalista de juego Leonardo Peiti, pero en lugar de perseguir ese delito le  pidieron a Ortigala  que le «trajera a Peiti» a la Fiscalía, para declarar sobre las coimas que abonaría a Serjal bajo la amenaza de encarcelar a su hermano, en lugar de detenerlo por extorsión. Leonardo Peiti, que era víctima de extorsión, fue detenido para que declarara contra Serjal. Y a su vez  Lorena Córdoba fue liberada de una causa de jefa de asociación ilícita tras aceptar declarar que el dinero de su marido, David Perona zar del juego en Rafaela,  iba para la campaña del senador armando Traferri.