Uniformados pasaron de ser acusadores a acusados

El juez Javier Beltramone rechazó una imputación fiscal realizada contra un hombre de 33 años que el sábado fue sindicado, en una audiencia oral, como autor de los delitos de cohecho y resistencia a la autoridad. Según la versión oficial, un móvil del Comando Radioeléctrico intentó identificar a los ocupantes de una moto, pero lejos de detenerse uno de ellos les mostró un arma y la Policía les disparó con una  escopeta antitumultos y derribó a uno de los sospechosos del rodado.  Una vez reducido, el hombre intentó “arreglar” con dinero a los policías, por lo que marchó preso. Pero el relato del imputado fue diametralmente opuesto. Sostuvo que se encuentra en libertad condicional, que este dato es conocido por la Policía, y luego de negarse a darles dinero, los uniformados lo pusieron contra la pared y le dispararon. Las lesiones que le quedaron en la espalda fueron cruciales para que el juez tomara en cuenta sus dichos y desechara la acusación en su contra y le otorgara la inmediata libertad. A su vez dispuso que el Ministerio Público de la Acusación investigue la presunta comisión de los delitos por parte del personal policial.

Ramón Néstor A. se encuentra en libertad condicional. Fue condenado a 14 años de cárcel por el crimen de Diego Sebastián Viassolo, ocurrido el 24 de noviembre de 2005 en su maxiquiosco ubicado en Rondeau al 300. Según la investigación, con un revólver calibre 22 redujo a la víctima y su mujer, los hizo desnudar y los encerró en el baño.

Luego volvió y comenzó a pelear con Viassolo. Ambos lucharon cuerpo a cuerpo y la víctima recibió cuatro disparos que lo llevaron a la muerte. Mientras estuvo detenido, Ramón A. protagonizó en 2007 una quema de colchones en la cocina del penal de la comisaría 10ª. Según fuentes policiales, el hombre junto a otro detenido realizaron un boquete con la intención de fugarse aunque no lo lograron por lo que se inició una causa penal por tentativa de evasión, lesiones e incendio intencional.

Ramón A. habita actualmente en barrio Empalme Graneros, dijo dedicarse a la venta ambulante  y la noche del 14 de julio salió de su casa con un amigo a comprar a un quiosco, según refirió. Pero la versión policial sostuvo que fueron alertados sobre una moto cuyos ocupantes intentaban robar en la zona e iniciaron un rastrillaje. Así fue cómo un móvil del Comando Radioeléctrico ubicó a Ramón A. y su amigo. Según los uniformados cuando intentaron detenerlos, el acompañante de la moto sacó un arma y les apuntó. Entonces uno de los policías tomó la escopeta antitumulto y desde el auto en movimiento disparó hacia la moto. El proyectil impactó en uno de los sospechosos que cayó del rodado, fue detenido y trasladado a la seccional 20ª, no sin antes intentar coimear a los funcionarios policiales, sostuvo la imputación a cargo del fiscal Lucas Antare.

Pero Ramón A., asistido por el defensor Rodrigo Mazzuchini, se defendió del achaque. Contó que está en libertad condicional y la Policía sabe de su condición. Afirmó que en diferentes oportunidades le pidieron dinero para no perjudicarlo, ya que cualquier nuevo hecho hace caer el beneficio que ostenta actualmente, pero igual se negó.

Entonces  lo pusieron contra la pared, y le dispararon con el arma antitumulto, y le solicitaron además 5 mil pesos a cambio de no llevarlo detenido. Durante la audiencia Ramón A. desnudó su torso y mostró las lesiones que recibió. El juez Beltramone concluyó que  las marcas de las perdigonadas estaban concentradas en la espalda, lo que implica que los perdigones no llegaron a abrirse. Ante ello concluyó que el disparo se hizo a muy corta distancia y con la víctima de pie, lo que echó por tierra la versión policial de un disparo desde el móvil.

Ante ello, el juez dispuso rechazar la audiencia imputativa, ordenar la inmediata libertad de Ramón A.  y  pidió un informe forense. Finalmente dispuso que el Ministerio Público de la Acusación abra una investigación a los fines de determinar la posible comisión de delitos por parte del personal policial que intervino en el procedimiento, lo que fue girado a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional.