Macri lleva al Congreso un punitivo Código Penal

Agustín Alvarez Rey / Tiempo Argentino

Cambiemos apuesta todo a la agenda punitiva. Este lunes, según confirmaron fuentes del oficialismo a Tiempo, ingresaba al Senado de la Nación el proyecto de ley de un nuevo Código Penal con el cual se busca reemplazar al vigente, que data de 1921 y que ha sufrido casi mil modificaciones. En paralelo Diputados debatirá el nuevo Régimen Penal juvenil, que, entre otras cosas, propone la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años.

Luego de fracasar con el intento de aprobar la ley que endurece las penas para los delitos cometidos en espectáculos deportivos (conocida como Ley de barrabravas) y con la reforma del financiamiento de la política, Cambiemos apuesta a una agenda punitiva para hacer funcionar el Congreso pese a que sus propias internas los dificultan.

Un código duro y ambiguo

El nuevo Código Penal, que consta de 540 artículos, comenzará su trámite parlamentario por el Senado. Con un optimismo exagerado, el oficialismo apuesta a tenerlo sancionado antes de julio. Por su parte, Diputados comenzará a debatir el Regimen Penal Juvenil en abril. El cronograma, en este caso, establece dos audiencias públicas semanales en la que expondrán especialistas.

En cuanto al nuevo Código Penal que comenzará a tratar el Senado se espera que se aumente las penas en los casos de corrupción, que pasarían a ser de 4 a 12 años y, por lo tanto, dejarian de ser excarcelables (actualmente cohecho y enriquecimiento ilícito tienen penas de entre uno y seis años). También habrá aumento de penas para homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y para casos vinculados al narcotráfico.

En cuanto al consumo de drogas para uso personal, el nuevo código incluirá la jurisprudencia de la Corte en el fallo “Arriola”, por el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado. La duda aparece en relación a cuál será la posición frente al aborto, tema que ya fue usado con criterio oportunista.

Además el texto establece  penas para el entorpecimiento del transporte público, es decir que se podrán penalizar los cortes de calle, ruta o vías de tren y subte. Y hasta dos años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a tres años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.

El oficialismo también incluyó en el texto que debatirán los legisladores el decomiso de bienes o provecho del delito desde el comienzo del proceso penal. También prevé el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. De alguna manera, es una salida elegante para la derrota parlamentaria sobre la extinción de domino.