El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, ha asumido amplios poderes de emergencia para reforzar el control que su régimen tiene sobre la economía, alegando que es necesario para proteger al país de la guerra comercial mundial provocada por los aranceles estadounidenses
El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, ha asumido amplios poderes de emergencia para reforzar el control que su régimen tiene sobre la economía, alegando que es necesario para proteger al país de la guerra comercial mundial provocada por los aranceles estadounidenses.
El decreto, firmado por Maduro la noche del martes, autoriza al régimen socialista de Caracas a implementar una serie de medidas económicas temporales que incluyen la suspensión de ciertos impuestos, la centralización de la recaudación de ingresos y la reasignación de fondos de los programas estatales existentes. El régimen también obtendrá la autoridad para exigir la compra de bienes de producción nacional con el fin de reducir la dependencia de las importaciones y atraer inversión nacional y extranjera.
“Se trata de proteger a todos nuestros sectores productivos de la guerra económica y comercial global, especialmente la que se dirige contra Venezuela y todo el continente”, declaró Maduro durante un discurso televisado. “Hoy firmo el decreto de emergencia económica que me faculta, durante dos meses, renovables cada 60 días, para actuar e implementar políticas públicas que defiendan e impulsen la economía nacional”.
Venezuela es uno de los muchos países afectados por la última ronda de aranceles estadounidenses, introducida el 2 de abril, como parte de la estrategia general del presidente Donald Trump para reducir el déficit comercial y apoyar a las industrias estadounidenses.
Aunque Trump anunció el miércoles por la tarde que la mayoría de los aranceles se suspenderían por un plazo de 90 días, el golpe más duro contra el régimen venezolano ya había sido propinado semanas antes, cuando Washington revocó las licencias especiales otorgadas a Chevron y otras petroleras internacionales que les permitían continuar con operaciones limitadas en el país y luego cuando impuso un arancel del 25% a los países que compran petróleo y gas venezolanos.
Ese arancel del 25%, que los analistas describen como una forma de sanciones secundarias, refuerzan las restricciones existentes sobre la petrolera estatal PDVSA.
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