La Justicia de Entre Ríos dispuso que la causa por presunta administración fraudulenta que involucra a integrantes de la familia Etchevehere y a los empresarios Walter y Viviana Grenón avance hacia la etapa de juicio oral. La investigación gira en torno al presunto vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), firma editora de El Diario.
El juez de Transición Pablo Nicolás Zoff fue quien tomó la decisión: cerró la etapa de instrucción y desestimó los diferentes planteos presentados por las defensas, dando así luz verde al inicio del proceso oral.
Una vieja causa
La causa se originó a partir de una denuncia de Dolores Etchevehere y desde entonces alcanza a distintos miembros de su familia junto con los empresarios Walter y Viviana Grenón, vinculados a la financiera Red Mutual.
Entre los acusados figuran Leonor María Magdalena Barbero Marcial y sus hijos Luis Miguel Etchevehere —ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri—, Arturo Sebastián Etchevehere —excandidato a gobernador entrerriano por La Libertad Avanza— y Juan Diego Etchevehere, dirigente ruralista, además de la pareja Grenón.
En su fallo, Zoff rechazó pedidos de sobreseimiento y diversas excepciones planteadas por las defensas —entre ellas prescripción, atipicidad y vulneración del plazo razonable— y desestimó la oposición a que la causa pasara a juicio. Asimismo, solicitó que Barbero Marcial informe cualquier cuestión relacionada con su edad o su estado de salud que requiera adecuaciones especiales durante el proceso judicial.
Qué dice la acusación
El pedido de elevación a juicio había sido formulado en mayo por el fiscal Álvaro Piérola, quien sostiene que entre 2011 y 2015 los acusados llevaron adelante una estrategia orientada a descapitalizar deliberadamente a SAER a través de la venta de gran parte de sus propiedades.
Según la hipótesis fiscal, los entonces directivos de la empresa autorizaron el traspaso de numerosos inmuebles situados en Paraná, Victoria, Nogoyá y Diamante hacia sociedades ligadas a los propios acusados —Arroyo Ubajay S.A., Nexfin S.A. y Construcciones del Paraná S.A.—.
La Fiscalía plantea que estas operaciones fueron posibles por una actuación coordinada entre quienes dirigían SAER y los accionistas de las empresas compradoras, que en varios casos eran las mismas personas: quienes resolvían vender los bienes desde la conducción de la firma terminaban siendo, a la vez, quienes se beneficiaban con esas compras.
De acuerdo con Piérola, el dinero recaudado por las ventas no se utilizó para mejorar la situación financiera de SAER, sino que se destinó principalmente a saldar supuestas deudas con los propios accionistas y con entidades relacionadas a ellos. Esto dejó a la empresa sin patrimonio suficiente para responder a sus compromisos comerciales, financieros y fiscales.
El vaciamiento
Según la investigación, tras desprenderse de gran parte de sus inmuebles, SAER siguió atravesando graves problemas económicos y debió recurrir a financiamiento privado por fuera del circuito bancario para cubrir sus gastos habituales.
La acusación sostiene que el proceso de descapitalización continuó con nuevas operaciones que pusieron como garantía de préstamos los últimos bienes de la compañía, lo que más adelante derivó en juicios de escrituración iniciados por acreedores.
Para el fiscal, se trató de una «maniobra fraudulenta» llevada adelante de manera coordinada entre quienes administraban la sociedad y quienes integraban las empresas que compraron los inmuebles. La hipótesis central es que las ventas formaron parte de un plan para trasladar el patrimonio inmobiliario de SAER hacia sociedades controladas por los mismos acusados, en perjuicio económico de la empresa y de sus acreedores.
Lo que reveló la sindicatura
Uno de los elementos clave que citó la Fiscalía es el informe elaborado por la sindicatura durante el concurso preventivo de SAER. Ese documento da cuenta de un deterioro financiero progresivo de la empresa, que se habría agravado entre 2010 y 2012 —justamente el período en que se concretó la venta de la mayoría de los inmuebles—.
La sindicatura señaló que esas operaciones, lejos de sanear la situación patrimonial de la firma, profundizaron su endeudamiento. Además, indicó que una vez realizadas las ventas, la empresa quedó prácticamente sin bienes de capital y pasó a depender del financiamiento externo y de la pauta oficial para poder seguir funcionando.
La Fiscalía remarca que las ganancias de esas operaciones terminaron beneficiando a personas y sociedades vinculadas a quienes conducían SAER, mientras la empresa seguía acumulando deudas hasta entrar en concurso de acreedores en 2018.
Quiénes serán juzgados
De acuerdo con la acusación, Leonor Barbero Marcial y Viviana Grenón serán juzgadas como autoras de la presunta administración fraudulenta, por haber formado parte del directorio de SAER.
Walter Grenón, en tanto, fue acusado como partícipe necesario por su participación a través de las empresas y entidades financieras involucradas en las operaciones bajo investigación.
Por su parte, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere también deberán enfrentar el juicio en carácter de presuntos partícipes necesarios, ya que —según la Fiscalía— actuaron simultáneamente como accionistas de SAER e integrantes de Construcciones del Paraná S.A., una de las sociedades que compró parte de los inmuebles en cuestión.
Con la resolución del juez Zoff, la causa quedó formalmente elevada a juicio oral, instancia donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados por la presunta maniobra de vaciamiento de SAER.
