Maratónico inicio del jury contra los fiscales del caso Dalmasso

Por Gustavo Molina

 

Once horas duró la primera audiencia por el jury de enjuiciamiento que se desarrolla en la Legislatura de Córdoba contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro; tres de los seis fiscales que investigaron el homicidio de Nora Dalmasso (52), ocurrido la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006, y tras casi veinte años, permanece impune.

Ni bien comenzó la audiencia, la defensa de Miralles a cargo de los abogados Daniel Fernández y el ex juez de Río Cuarto Emilio Andruet, pidió la nulidad del proceso al entender que es inconstitucional que la acusación sea llevada adelante por la fiscal General adjunta, Bettina Croppi, ya que la norma manda que ese lugar debe ser ocupado por el fiscal General de Córdoba; Carlos Lezcano, quién asumió esa función el pasado 1 de abril, hace sólo tres semanas. Rechazado el planteo, cerca de las 11, la jornada continuó con la declaración de Di Santo; quién se sentó en el estrado durante casi dos horas.

El primer fiscal del caso, que ya fue sometido a otro jury en 2007, el que fue desestimado en 2011; afirmó que hace 38 que trabaja en la Justicia, que rechaza “todas las acusaciones que se hacen en mi contra. No hubo mal desempeño porque va en contramano de todo lo que se ha evaluado en el expediente” y que “esta es una acusación deshonesta y poco seria”; a la vez que aclaró que el homicidio de Nora Dalmasso prescribió el 25 de noviembre de 2021, y él fue desplazado el 29 de mayo de 2015, seis años y medio antes.

El 23 de diciembre de 2024, sobre el filo de la Navidad de ese año, y cuando la causa judicial ya estaba prescripta por el paso de los años y Marcelo Macarrón había sido absuelto en el juicio de 2022 donde fue acusado de haberle pagado a un sicario para asesinar a su esposa; el sexto fiscal de la causa, Pablo Jávega informó que se había encontrado en la bata y sobre el cuerpo de la víctima material genético y un pelo coincidente con el ADN del parquetista Bárzola.

Sereno, pausado, sin estridencias, como cuando dirigió la investigación por el asesinato de Nora Dalmasso, Javier Di Santo defendió la investigación: “Quieren hacer parecer como obvias circunstancias que no son obvias. No lo fueron no solo para mí, sino para ninguno de los otros fiscales que intervinieron en la causa, para la División de Investigaciones, para el juez de Control ni para los camaristas que intervinieron”.

La crítica apuntó directamente a la acusación de la familia Macarrón, los hermanos Valentina y Facundo, y el viudo Marcelo; en cuanto a que los tres fiscales enjuiciados no sometieron a los obreros a peritajes genéticos, entre los que se encontraba Roberto Marcos Bárzola: “Tampoco fue obvio para la Fiscalía General”.

Cuando comenzó su relato, el fiscal Di Santo aseguró que al llegar al chalé del 627  de la Calle 5 de Villa Golf, lo habían convocado “por un suicidio” y que ya trabajaba allí el médico policial Juan Enrique Ribecky. También dijo que 26 personas, él mismo; Ribecky; los tres forenses que trabajaron allí, Virginia Ferreyra, Guillermo Mazzuchelli y Martín Subirachs, entre otros, se realizaron pruebas genéticas a través de extracciones de sangre, para evitar contaminaciones.

El fiscal enfatizó que todas las líneas de investigación que impulsó fueron supervisadas y avaladas por los jueces y camaristas correspondientes: “La investigación en contra de Bárzola fue seria, profunda y acabada y que “es de total falsedad sostener que no se investigó a Bárzola”.

Aclaró que en su momento se evaluaron las pistas disponibles y no surgieron elementos suficientes para avanzar en esa dirección con la fuerza probatoria necesaria. Las decisiones se tomaron en un escenario complejo, con múltiples hipótesis y bajo la presión de un caso de alto impacto público, pero siempre dentro del marco legal y con el respaldo de Fiscalía General, que estaba a cargo de Gustavo Vidal Lascano. A Río Cuarto viajó Vidal Lascano, acompañado por el reconocido abogado Javier Sánchez, quién ahora forma parte de la acusación junto a la fiscal General adjunta Bettina Croppi.

Javier Di Santo recordó que en aquellos primeros años la principal hipótesis apuntaba al entorno más cercano de Nora Dalmasso y que “quiero dejar explicada esta línea porque parece que fui un fiscal con desinterés y les aseguro que fue todo lo contrario, se quebró y lloró frente al tribunal: “Mi posición ante la vida es íntegra. Aunque me sienten acá, aunque todos ustedes me destituyan”, dijo al finalizar su descargo, a las 12.14; y se dispuso a contestar las preguntas de la fiscal General adjunta Croppi que lo cuestionó con dureza, siguiendo la acusación de los Macarrón.

El punto principal del cuestionamiento a Di Santo, por parte de la familia fue por qué no se investigó a Bárzola y por qué imputó a Facundo Macarrón, a lo que el fiscal respondió reiteradamente que lo hizo basado en el artículo 306, que es de “sospecha leve” y para que pudiera ejercer defensa técnica, ya que en la escena del crimen y en el cuerpo de Nora Dalmasso había abundantes restos genéticos del linaje Macarrón y que el chico no tenía coartada. Su padre, Marcelo, estaba en Uruguay; y su abuelo, durmiendo junto a su esposa y su hija.

La defensa técnica de Di Santo está a cargo de la abogada Luciana Caminal, quién se mostró satisfecha tras la primera audiencia: “El testimonio de mi defendido fue sólido, quedó demostrado que la acusación acerca de que no se investigó a Roberto Bárzola es inexacta, lo ratificó mi cliente en esta audiencia, pero además consta en el expediente”.

“Nunca obré de manera negligente”

“Este fiscal de instrucción jamás obró de manera negligente ni con mal desempeño, ni en esta causa ni en otras. Muy por el contrario, en esta investigación siempre fui diligente, le di curso a la causa, nunca me manifesté despreocupado, nunca tuve indiferencia ninguna respecto de la causa”; así comenzó su descargo, Daniel Miralles, el fiscal que investigó durante un año y medio el homicidio de Nora Dalmasso e imputó al viudo de ser el autor material del homicidio de su esposa.

Durante su testimonio de 53 minutos, donde expuso y contestó preguntas con firmeza y seguridad, Miralles señaló que asumió la causa cuando ya llevaba más de ocho años de instrucción: “Mi actuación fue correcta, razonable, lógica”, sostuvo, y agregó que investigar al viudo Marcelo Macarrón era una tarea “necesaria y obligatoria” dada la abundante prueba genética colectada en la escena del crimen que incriminaba al viudo. Al forense Subirachs lo calificó de “prestigiosísimo” al declarar que Nora Dalmasso había muerto luego de tener una “relación sexual consentida”.

También señaló que hace 26 años se desempeña en el Poder Judicial de la Provincia, y descartó su responsabilidad a la hora de imputar al parquetero Bárzola: “Ya que estamos hablando tanto de Bárzola, ¿no se le designó abogado defensor? Así queremos trabajar. Se pidieron 30 ADN, pero esos 30 ADN eran la primera tanda. Había una lista hipotética de 200. Como dicen ahora vulgarmente, le vamos a pinchar el brazo al que pasaba por el Golf para ver quién había sido”; y cuestionó la insistencia de la familia Macarrón de imputar y condenar al parquetero, cuando en la causa, Facundo Macarrón había señalado al empresario agrícola Miguel Rohrer como sospechoso de tener un amorío con su madre y de ser presuntamente su asesino: “A Bárzola lo tratan de asesino y echan por tierra el principio de inocencia. No debieron ser investigados cuando yo tomé el caso, porque ya habían sido descartados. Les recuerdo que el propio Facundo declaró en cinco carillas y teatralizó cómo había sido el hecho, señalando a Rohrer”.

Y demolió el testimonio de la riocuartense Mariana Azar y su esposo, el ex agente del FBI Stephen Walker, quiénes trabajando para la consultora en seguridad IFPC con sede en Washington DC, quiénes habrían realizado un informe en febrero de 2007 a pedido de Daniel Lacase, entonces abogado, amigo y vocero del viudo Macarrón, donde analizaron los primeros cinco cuerpos de expedientes de los tres primeros meses de la investigación.

Azar declaró ante el fiscal Pablo Jávega en febrero de 2025 y dijo que ese informe había sido entregado al entonces fiscal General, Darío Vezzaro; donde ya se consignaba a Bárzola como sospechoso.

“Con el diario del lunes, la investigadora Azar nos viene a decir en 2025 que ella sabía en 2007 que Bárzola era el asesino”, declaró Miralles poniendo un manto de dudas sobre la veracidad de ese informe; ya que nunca se lo incorporó al expediente y la regla básica del Derecho reza que si las actuaciones no están en el expediente, no existen.

Tras conocerse los dichos de Azar tras ser llamada a declarar por Jávega; la radio Cadena 3 entrevistó a Vezzaro sobre la veracidad de los dichos de la esposa del ex agente del FBI, y éste aclaró que tuvo una comunicación  informal con la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y que a él no le correspondía recibir ningún paper, ya que el dueño de la causa era el fiscal Javier Di Santo y él como fiscal General no podía pasar sobre su autoridad.

También criticó fuertemente al fiscal de Cámara, Julio Rivero, por haber demorado más de dos años el tratamiento en un juicio oral y público del crimen, dejando prescribir la causa.

Y ante las embestidas de la fiscal General adjunta, Bettina Croppi sobre su viaje a Uruguay, Miralles defendió su accionar investigativo con solvencia: “La Fiscalía General me autorizó todo, de otra manera, no podría haber viajado”.

La autodefensa de Pizarro

El tercer fiscal sentado en el banquillo de los acusados, Luis Pizarro presentó una defensa que resultó poco convincente y cargada de justificaciones que revelan serias falencias en su gestión, incluso atacando la calidad profesional de los foreneses y el bioquímico policial, Daniel Zabala.

Pizarro se excusó por el exceso de trabajo que tenía, ya que “hacía 143 kilómetros de ida y 143 kilómetros de vuelta: “Voy a ir al 2017, al mes de septiembre, cuando me asignan esta causa. Tenía tres fiscalías a cargo. El único recurso que se me asignó fue una prosecretaria”, dijo, diciendo que debía viajar entre Río Tercero y Río Cuarto, reconociendo implícitamente la escasa dedicación y recursos.

También se quejó que en la causa de Nora Dalmasso trabajó sin apoyo de la Fiscalía General: “Yo comparo la causa Dalmasso con la del violador serial del 2004”, donde el fiscal Manuel Ugarte tuvo dedicación exclusiva.

También apuntó contra la Policía de Córdoba por entorpecer en la investigación: “La Policía me caminó la investigación” y tiró por tierra la hipótesis que puso al parquetero en la mira de los Macarrón: “La coartada de Barzola siempre fue creíble” y “la prueba de ADN contra Barzola es nula”.

En su intento de defensa, atacó lo hecho por Di Santo y los peritos oficiales: “La forense Virginia Ferreyra dijo que pongan todo lo secuestrado en una bolsa, de esas negras de consorcio; en vez de bolsas de papel”; “la autopsia adolece de graves falencias, no se le hizo examen toxicológico para ver si la víctima había sido sedada”; “como no tenía tijera, el forense Subirachs desató los nudos del lado, en vez de cortarlos y así constatar si había ADN dentro del nudo; o saber si el atacante era diestro o zurdo”; y reivindicó a los peritos de la familia Macarrón, Ricardo Cacciaguerra y Osvaldo Raffo, quién en la pasada dictadura cívico militar fue el forense de la Policía de Buenos Aires, al mando del general genocida Ramón Camps.

También criticó que la misma noche en que fue encontrada Nora, los policías que custodiaban el chalé de Villa Golf –es una escena del crimen- dejaran entrar a dormir a Félix Macarrón, padre del viudo y suegro de la víctima”.

Pizarro no dudó en criticar a los policías de Homicidios, principalmente a su jefe, el comisario mayor Rafael Gustavo Sosa, que vivió en el Hotel Opera junto a un grupo de investigadores, con los gastos pagos a costa del viudo y de su vocero Lacase: “Estos policías apretaron a los testigos, incluida la empleada doméstica de los Macarrón”, la señora Carina del Valle Flores que brindó un testimonio veraz en sede judicial.

Pizarro puso especial interés en el testimonio de Alicia Cid, ex amante de Marcelo Macarrón, mientras éste estaba casado con Nora Dalmasso; a la vez que aseguró que “la escena del crimen se armó para simular una fiesta sexual, incluso con un pote de vaselina abierto”. Cid no vive más en Río Cuarto, y según Rivero, en el expediente consta que ese fin de semana del 25 y 26 de noviembre, Macarrón le sugirió que se ausentara de la ciudad.

Palabra de Macarrón

Luego de un cuarto intermedio, el abogado Gustavo Liebau declaró extensamente en su doble rol de abogado defensor de Facundo Macarrón entre 2007  y 2012 y como querellante desde 2024, cuando Jábega apuntó contra el parquetero Bárzola.

Durante toda la jornada, la Legislatura estuvo llena de policías de civil, custodios de la familia Macarrón que acompañaron al traumatólogo hasta el baño del primer piso y lo esperaron no tan discretamente en la puerta.

Marcelo Macarrón sólo declaró 14 minutos, en los que dijo: “Que estos tres fiscales paguen por lo que han hecho. Esto llevó 19 años, van a ser 20 en noviembre, ha sido un gran calvario para toda la familia”.

En su testimonio, el viudo habló del “femicidio” de su esposa y que le habían comentado que Di Santo se había quebrado: “Hubiese llorado 19 años, como lloré yo”; también criticó al fiscal Miralles por imputarlo como autor material del homicidio: “Miralles se ve que ve muchas películas de ciencia ficción. Me puso en Punta del Este subiendo a un avión clandestino; me trajo a Río Cuarto, asesiné a mi esposa, volví a Punta del Este, jugué un torneo de golf y lo gané. Realmente una obra de una cabeza con una imaginación muy grande”. Y a Pizarro le dedicó: “Miralles lo dijo, y el siguiente fiscal lo llevó a la acción; Pizarro dijo que contraté a un sicario y no sabemos quién es ese sicario.  Soy totalmdnte inocente y me sometí al juicio, con todos los riesgos, por ser un juicio por jurados populares, para conocer al asesino de mi mujer”.

Macarrón aseguró que luego del juicio en el que resultó absuelto en agosto de 2022, sufrió problemas de salud muy graves: “Me colocaron cuatro stents”; y “Después de la absolución dejé de operar porque me volqué al alcoholismo; me interné en un centro de rehabilitación. Hace cuatro años que no bebo alcohol y volví a operar”.

El viudo culpó a los fiscales por la prescripción de la causa: “La causa no prescribió, la dejaron prescribir estos tres fiscales. No tuvimos contención familiar, todo lo contrario; actuaron culpando al grupo familiar, Comenzando con Facundo y terminando con Marcelo Macarrón. Tenían pistas contra el parquetista, no sé por qué no las siguieron”.

Facundo Macarrón también declaró por veinte minutos y no le hicieron preguntas los defensores.

“¿Por qué fueron tan cobardes?”, se preguntó el hijo mayor de la víctima, a la vez que aclaró que su testimonio era suyo y también el de su madre: “Hablo por mí y por mi mamá. A mi mamá la mataron una y mil veces y nunca nos dieron respuestas”.

Facundo Macarrón afirmó que como familia fueron “víctimas de una gran persecución familiar por parte de estos fiscales que están sentados ahí”.

Se quejó de que estuvo imputado cinco años “pese a que estaba confirmado que estuve a 230 kilómetros de Río Cuarto; mientras que la persona que ella misma declaró que estuvo en el lugar del hecho, como Bárzola, no se le hizo el ADN”.

Al final de su declaración, el hijo de Nora Dalmasso y Marcelo Macarrón exigió: “Estos fiscales no deben seguir en ejercicio”.

La última testigo fue su hermana Valentina que vive en Mendoza y declaró durante 14 minutos por videoconferencia: “Queremos que los fiscales que tuvieron tantos años esta causa no sigan teniendo causas a su cargo, son irresponsables”; exigió, a la vez que acusó a Di Santo de ser homofóbico -“lo sacó a mi hermano a las patadas del closet”, dijo- y lo acusó de no haberle importado atacar a la familia pese a que “trabajó en el quincho de casa con el policía Sosa, que está preso”. El comisario Sosa estuvo preso por el narcoescándalo de Drogas Peligrosas del año 2013.

Al final de su declaración, la integrante menor de la familia Macarrón – Dalmasso exigió: “Se va a hacer justicia y estas personas tienen que pagar por lo que hicieron”.