Congreso vallado, duplicación de efectivos federales, control estricto de accesos a la ciudad de Buenos Aires y coordinación del Ministerio de Seguridad con la Side son parte del fuerte operativo para la protesta convocada para las 17 de este miércoles
“Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República”. Ese texto apareció este miércoles en todas las pantallas de las estaciones de trenes porteñas horas antes de la nueva marcha por los jubilados, que comenzará a las 17. La advertencia es parte del enorme operativo de «seguridad» dispuesto desde la víspera en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluyó, como denunciaron varios usuarios de redes sociales, la instalación de inhibidores de señal de celulares y drones en la zona del Congreso nacional.
La Gendarmería Nacional lleva adelante desde el martes controles en la autopista que conecta Córdoba, Rosario y Buenos Aires.
En contraposición a protestas anteriores, el Gobierno decidió no implementar el protocolo anti-piquetes, pero amplió el despliegue de fuerzas de seguridad federales hasta casi duplicar su número respecto de la marcha anterior.
El martes también fueron colocadas vallas a cien metros a la redonda del Congreso. Allí habrá sesión para tratar el DNU que, sin información de montos, plazos ni condicionamientos, habilita un nuevo mega endeudamiento externo con el FMI.
Las amenazas en los sistemas de información de las estaciones de trenes –con texto y audio– fueron reforzadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X: “Las protestas nunca deben ser violentas. Fin”, escribió junto a fotos de las pantallas con el mensaje.
La modalidad no es nueva para el Gobierno libertario. En octubre pasado, durante un paro de transporte aéreo y terrestre convocado por varios gremios del sector, se utilizó el sistema para otro mensaje: «Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida (SIC) de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte».
El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció por su canales oficiales que “premiará” con una recompensa de 10 millones de pesos a las “personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025”.
El pago será canalizado a través del Programa Nacional de Recompensas, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad.
Sobre la marcha por los jubilados del miércoles pasado circularon numerosas imágenes de, por ejemplo, quienes incendiaron un patrullero, pero ni la Justicia ni el Ejecutivo atinó a identificar a esas personas, sospechadas de ser «infiltrados» para promover violencia y justificar la represión tanto como deslegitimar la protesta.
Además, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó fotos antiguas junto a la supuesta identificación de barrabravas que, afirma, participaron de la anterior movilización
Más de 2.000 efectivos, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, se dispondrán este miércoles en el Congreso y sus alrededores, de cara al operativo de seguridad que se llevará a cabo durante la movilización de los jubilados.
A los 900 policías de la fuerza porteña que pondrá el Gobierno de la Ciudad se sumarán 720 policías federales y unos 400 entre miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Por lo tanto, la cifra de uniformados superará los 2.000 efectivos.
En relación a la Policía Federal, para esta ocasión “prácticamente se duplicó” la cantidad de efectivos, algo que también copiarían Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, explicó que la idea es evitar que los manifestantes puedan llegar a las adyacencias de la Plaza del Congreso.
Este martes, la funcionaria se reunió con el asesor presidencial sin cargo Santiago Caputo, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, el vocero Manuel Adorni y los dos altos mandos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side), Sergio Neiffert y Diego Kravetz. Fue para definir el operativo de seguridad en los alrededores del Congreso, que contará con mayor presencia policial y cortes en el tránsito.
Varias personas reportaron en redes sociales la presunta instalación de inhibidores de señal en la zona dispuesta para la concentración, en lo que podría ser una maniobra para dificultar la comunicación de lo que ocurre y, sobre todo, el accionar de las fuerzas de seguridad.
El abogado y exdiputado nacional Jorge Rivas presentó este martes una medida de «no innovar» ante el fuero Contencioso Administrativo Federal en la que solicita que se suspenda la prohibición del uso de drones en la marcha de jubilados convocada para este miércoles. La medida fue publicada en el Boletín Oficial hace menos de una semana, y reforzada por un anuncio por el Ministerio de Seguridad.
Rivas subrayó que «la presencia de drones actúa como un elemento disuasivo para evitar el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad», y mencionó que en la última marcha de jubilados se registraron más de 600 heridos, «incluyendo casos graves como la pérdida de un ojo por el impacto de una bala de goma y detenciones ilegales de menores».
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