País

Más de 200 trabajadores en la calle por el desalojo de Jorge Macri a una cooperativa

El hecho ocurrió el miércoles en Parque Avellaneda y se suma a otro desalojo de 20 familias de San Telmo realizado el lunes. Fuerte repudio de legisladores y legisladoras de la oposición

Por: Martín Suárez

Fuente: www.tiempoar.com.ar 

El gobierno porteño presenta cada desalojo como una victoria. En la calle quedan miles de familias, trabajadores desempleados y personas con discapacidad que no tienen adónde ir. Desde la asunción de Jorge Macri como jefe de Gobierno, los desalojos en la Ciudad crecieron exponencialmente, a medida que recortaban el presupuesto habitacional y se incrementaron las medidas restrictivas para poder acceder a ese derecho. En la primera semana de 2026 la Ciudad desalojó a 20 familias de San Telmo y este miércoles a más de 200 trabajadores de una cooperativa.

En las últimas horas, la gestión macrista desalojó de un predio en Parque Avellaneda a la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), situada debajo de la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, argumentando que ese lugar estaba ocupado ilegalmente.

Tras el desalojo, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), nucleado en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), refutó al Gobierno porteño y dejó en claro que tal ilegalidad no existía.

Mediante un comunicado, señalaron que el predio de Parque Avellaneda (Tandil y Olivera) fue otorgado hace 15 años a la Cooperativa «El Amanecer de los Cartoneros», y desmintieron “categóricamente que sea una ocupación ilegal”.

En el mismo comunicado denuncian que el gobierno porteño dejó en la calle “a 200 trabajadores y destruyen el ÚNICO circuito de reciclado textil de CABA (25 tn/mes de las 100 tn totales que se recuperan)” y que el gobierno “cortó el diálogo unilateralmente sin dar alternativas, contradiciendo su propia estrategia de Economía Circular y agravando la crisis tras el incendio del Centro Verde Barracas”.

Desde la Legislatura porteña, la diputada de Fuerza por Buenos Aires y referente de Patria Grande, Mariana Gonzalez, manifestó que  “el GCBA desalojó a 200 recicladores urbanos de un predio en Flores ¡que el propio GCBA les asignó hace más de 15 años! Es mentira que es una ocupación ilegal: forma parte del sistema formal de reciclado de la Ciudad. Es el único circuito de recuperación de textiles de todo CABA”.

González asumió su banca en diciembre pasado, es referenta de la economía popular y forma parte de Patria Grande que conduce Juan Grabois.

La izquierda también repudió este desalojo realizado por el Ejecutivo porteño: “Todo nuestro repudio al desalojo de Jorge Macri a la cooperativa «Amanecer de los cartoneros» que trabajaba hace más de 15 años, dejando 200 familias en la calle y a la ciudad sin una parte importante del reciclado urbano”, expuso en sus redes la legisladora porteña mandato cumplido Alejandrina Barry.

Los desalojos no paran, los ajustes tampoco

Desde que inició su gestión, Jorge Macri miles de familias y trabajadores que fueron desalojados de más de 550 inmuebles, en muchos casos buscan acceder a su primera vivienda en medio de un contexto de crisis, sumado a la falta de políticas en el sector dentro del distrito porteño.

Un informe publicado en noviembre del año pasado en Tiempo, en base a un relevamiento de ACIJ, advirtió que uno de cada tres habitantes de la Ciudad alquila su vivienda y son cada vez menos las personas dueñas: pasaron de 69% en 2001 a 52,9% en 2022. Esto ocurre en un momento de total desregulación del mercado de vivienda en alquiler, donde se hacen contratos desde un mes hasta tres años -remanentes de la ley de alquileres- con aumentos regulados por distintos índices y cambios, que se ejecutan según lo que imponga quien te alquila. Las pocas y pobres políticas para esta población -subsidios en los seguros de caución, gratuidad de firmas, y promoción de un modelo de contrato- están desfinanciadas e invisibilizadas.

Según el análisis presupuestario realizado por ACIJ, las políticas públicas de vivienda en la Ciudad tienen el menor financiamiento de los últimos 14 años y la poca inversión se asigna, principalmente, a subsidios habitacionales: es solo el 0,9% del presupuesto total. Esos subsidios no resuelven la situación habitacional de las personas que lo reciben: sólo logran acceder a una habitación de hotel por el plazo máximo de un año -donde tienen que solicitar la renovación- y terminan aceptando una solución que debería ser temporal como definitiva.

A pesar de que el presupuesto de CABA aumentará un 3,67% respecto al año pasado, las partidas para los organismos de vivienda e integración sociourbana caerán un 22,9%.

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