Más delitos en la megaestafa

La megacausa por estafas inmobiliarias, asociación ilícita y lavado de dinero que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Sebastián Narvaja imputó ayer nuevos delitos a seis de los 11 acusados, en su mayoría nombres ilustres de la ciudad. En tanto, hoy tendrá lugar una audiencia para revisar las prisiones preventivas de nueve detenidos y las fianzas millonarias de los únicos dos involucrados que no están privados de la libertad.

Según fuentes judiciales, en la jornada de ayer se imputaron en el Ministerio Público de la Acusación nuevos delitos a seis acusados en la megaestafa. Al titular del sindicato de Monteros, Maximiliano González de Gaetano, se lo acusó de tenencia ilegal de arma de guerra y se le amplió la imputación por estafa y usurpación en una propiedad ubicada en Montevideo 1967. Según fuentes de la Fiscalía, los dueños de ese departamento fallecieron y muy poco tiempo después De Gaetano lo usurpó y utilizó como sede del sindicato de Monteros, mientas que se fraguó un poder de venta y un boleto de compra y venta con lo que inició un juicio de escrituración civil. Por ese mismo hecho, ya había sido imputado Jonatan Zárate.

También ayer se le imputó al escribano Martín Torres tenencia ilegal de arma de guerra (secuestrada en el allanamiento a su oficina) y un nuevo hecho de fraude en una propiedad de calle 9 de julio al 1800 que tenía dos dueños. Según los investigadores, se falsificaron documentos para vender esa propiedad a terceros, quienes también estarían involucrados en el delito pero aún no fueron imputados.

Al escribano Juan Bautista Aliau se lo imputó por apropiación indebida de tributos por quedarse con el dinero de las retenciones de impuestos de sellos e ingresos brutos en las dos ocasiones que vendió el campo de Villa Amelia que pertenecía a la familia del ex camarista fallecido Ernesto Navarro, cuya primera transacción se llevó a cabo con la falsificación de la firma de la viuda. Según informó una fuente de la investigación, los escribanos son agentes de retención de impuestos y cuando escrituran deben retener el monto de dinero correspondiente a sellos provinciales e ingresos brutos y depositarlo, lo que en estos dos casos no se hizo.

También ayer se le imputó al escribano Luis María Kurtzemann (quien está en libertad bajo fianza) tenencia ilegal de arma de uso civil, secuestrada dentro de su oficina en un allanamiento. Por el mismo delito se lo acusó al vendedor de autos Roberto Aymo, cuya arma fue incautada en su domicilio y al empresario automotriz Leandro “Lelo” Pérez.

Sueños de libertad

Hoy tendrá lugar una audiencia que presidirá el juez de cámara Daniel Acosta por las apelaciones que presentaron los 11 imputados en la megaestafa para reveer las medidas cautelares, de los cuales dos están en libertad bajo fianza, ocho tras las rejas y una mujer con prisión domiciliaria por tener hijos menores a su cargo. Entre las empresarios que continúan privados de la libertad se encuentra el agente bursátil Jorge Oneto, quien estuvo al frente de la construcción del edificio Acqualina y el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef.

En caso de que el juez Acosta confirme las medidas cautelares, el próximo lunes se realizará una audiencia de prórroga de las prisiones preventivas ya que se vencen ese día.

Querellas

Por otra parte, la jueza Mónica Lamperti dará a conocer mañana si acepta las dos presentaciones de querella en la causa de la megaestafa. Por un lado, la solicitada por el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz y por otro, el último comprador del campo de Villa Amelia, quien se lo compró al agente bursátil Jorge Oneto.