La diputada provincial y ex defensora pública de extensa trayectoria nacional pidió acelerar los juicios en Santa Fe sobre quienes fueron beneficiados o contribuyeron con la última dictadura cívico-militar. Hay ejemplos cercanos y un proyecto para investigar a firmas como Acindar y Vicentín
Puede pasar desapercibido, pero desde hace mucho tiempo las organizaciones sociales que convocan a la marcha del 24 de marzo hablan de la última dictadura cívico-militar. “Cívico-militar”, con guion o sin guion, retumba y recuerda que necesitaron, además de apoyo internacional, de una ciudadanía para sus delitos. Eso incluye a las empresas. En 2020 la diputada provincial Matilde Bruera retomó un proyecto frenado de José María Tessa para crear una comisión bicameral en la Legislatura que investigue cómo y quienes fueron cómplices y se beneficiaron en el mal llamado Proceso de Reorganización Nacional. La legisladora explicó cómo funcionaría a El Ciudadano.
—¿Cómo avanzó el proyecto?
—Está en la comisión de Asuntos Constitucionales. Ha sido demorado, para no decir cajoneado, y habla de una falta de compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Es una vergüenza porque es un proyecto que había tenido media sanción, pero fue frenado en Senadores. Sabemos que contribuiría a la actual etapa de los juicios de lesa humanidad en el país.
—¿Cómo funcionaría la comisión?
—Es un grupo de trabajo donde el Ejecutivo provincial pondría un presidente y serían elegidos seis legisladores (tres de cada cámara) teniendo en cuenta antecedentes. Su tarea sería hacer un informe sobre quiénes facilitaron o fueron beneficiados con los delitos de la dictadura. Podrían pedir documentación al Poder Judicial, organismos públicos y solicitar declaración de personas. También nombrar investigadores expertos. Las empresas eran las que muchas veces hacían las listas de personas a secuestrar. En Villa Constitución, por ejemplo, el centro clandestino funcionaba adentro de una de las fábricas de Acindar y prestaban los camiones para las operaciones. Otro caso es Vincentín, que tuvo operarios presos y desaparecidos.
—¿Cómo valora los tiempos del Poder Judicial en delitos de lesa humanidad en Santa Fe?
—Hay víctimas y victimarios que esperan. Pero los delitos son, además, contra la humanidad y los juicios deben acelerarse. Sino la consigna del “Nunca Más” no funciona. Los juicios tuvieron, además de las condenas, otro efecto: dejar claro lo que había ocurrido. Cuando empezaron las denuncias sobre desapariciones había dudas en la sociedad. Creían que eran exageraciones u operaciones políticas.
El informe, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, denuncia que…
La variación de precios en el territorio porteño subió 0,1 puntos porcentuales respecto a agosto
La resolución del Juzgado Federal de Campana alcanza también a seis empresas y se explicó…
Horacio Fernández fue elegido intendente de Itauguá, en Paraguay, y habilitó el motel de su…
Los recientes fallos del máximo tribunal establecieron criterios sobre el bloqueo de contenidos, la protección…
La iniciativa de la diputada Lionella Cattalini retoma el antecedente del Decreto 4109/16, firmado durante…