Media sanción a la ley provincial de educación

Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la provincia le dio media sanción a la ley de educación y giró el proyecto al Senado para su sanción definitiva. La aprobación por 46 votos a favor y ninguno en contra fue en la sesión de este jueves, luego de un debate de dos años y medio promovido desde el Ministerio de Educación de la provincia.

La iniciativa regula el ejercicio del derecho a la educación, consagrado en las constituciones de la provincia y la Nación, y adhiere además a la ley de educación nacional 26.206. Sus principales valores son la calidad educativa, la innovación, la inclusión, la participación y el compromiso social.

El proyecto elaborado por el Ejecutivo santafesino y enriquecido con aportes de todos los bloques políticos de la Legislatura define a la educación como un bien público y un derecho personal y social de todos los santafesinos, que deberá ser garantizado por el Estado provincial de manera gratuita y universal.

Además, establece que la educación pública de gestión estatal es laica, pero, sin obligar a profesar la religión, las escuelas públicas de gestión privada confesionales, podrán enseñar sus cultos como parte de la currícula escolar.

De acuerdo al texto de la iniciativa, la educación será obligatoria en la provincia a partir de los cuatro años de edad y hasta finalizar la secundaria. No obstante, el Estado provincial asume su responsabilidad en la universalización de la salita de tres años, especialmente para las niñas y niños de los grupos sociales más vulnerables.

El proyecto define a la educación como “pública, gratuita, laica, universal e inclusiva, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”. Y establece que el Estado no podrá suscribir acuerdos que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo o que alienten cualquier forma de mercantilización.

Uno de los puntos más novedosos del proyecto es el que refiere al financiamiento: a partir de la entrada en vigencia de la ley, el gobierno provincial deberá destinar como mínimo un 35% del presupuesto general anual al sistema educativo. Y no podrá en ningún caso reducir el presupuesto de un año a otro. En los últimos diez años, el promedio del presupuesto educativo rondó entre el 20 y 24%.

Se contemplan cuatro tipos instituciones educativas: las estatales, las privadas (confesionales o no), las cooperativas y las de gestión social. Los docentes de esas nuevas modalidades de gestión deberán tener títulos reconocidos oficialmente y obtendrán una remuneración mínima igual a la que perciben los docentes de las instituciones estatales.

Además, se incluye un capítulo especial sobre educación sexual integral (ESI), aunque en paralelo la Legislatura se encuentra debatiendo una normativa específica sobre el tema, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.