Medio millón por una muerte

El gobierno provincial deberá pagar alrededor de medio millón de pesos a los familiares de Verónica Garcilazo, una joven de 23 años que, en mayo de 2006, murió luego de recibir cuatro balazos cuando quedó en medio de un tiroteo entre dos policías y un joven que –según declararon en su momento los uniformados– les disparó con una escopeta, cuando circulaban por Flammarión al 5000.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Colegiado Extracontractual Nº 2, quien dispuso que el Estado santafesino abone a la familia de la joven 360 mil pesos por daños y perjuicios, más intereses, por lo que la cifra superará el medio millón de pesos, según Rosario 3.

En el fallo, el tribunal integrado por los jueces Delfina Domínguez, Víctor Moneta y Juan José Bentolila, tuvieron en cuenta la imprudencia y descuidada conducta del cabo primero Edgardo P., de 38 años, quien en la mañana del 6 de mayo de 2006, cuando iba junto a un compañero a su trabajo en la Dirección de Medicina Legal en un utilitario Volkswagen blanco por inmediaciones de Flammarión al 5000, fueron atacados a escopetazos por un joven que estaba escondido en un pasillo.

Según fuentes judiciales, la pericia determinó que ante esto, el cabo –quien manejaba el utilitario– detuvo la marcha, le pidió el arma reglamentaria a su compañero, ya que él no podía portarla por estar bajo tratamiento psicológico y efectuó al menos siete disparos.

Durante la acción no tuvo en cuenta que podía herir a terceros y fue así que Verónica Garcilazo, quien en ese momento volvía de la panadería con su sobrino en brazos, recibió cuatro impactos en su cuerpo y murió minutos después.

Tras la balacera, los dos policías se dirigieron a la seccional 21ª, donde denunciaron lo ocurrido. Pero durante la investigación, la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas halló contradicciones en la declaración de los dos policías. Luego, en base a pericias balísticas que desecharon la hipótesis de la agresión previa desde el pasillo, la jueza decidió procesar a los dos uniformados, a Edgardo P, por homicidio agravado por ser integrante de una fuerza de seguridad y a su compañero por encubrimiento, por lo que el primero quedó detenido.

Pero la defensa de ambos uniformados objetó una pericia balística hecha por Gendarmería Nacional y se basaron en otra que se acercaba más a la versión dada por los agentes, y en la declaración de varias personas del barrio, que dijeron haber visto esa mañana a una persona armada con una escopeta, por lo que apelaron el fallo.

En abril de 2007, el agente Edgardo P., fue liberado luego que la Cámara Penal de Rosario modificara el fallo en primera instancia y, de presunto autor de homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad, quedó acusado de homicidio culposo (no intencional). El cambio también favoreció a su compañero, quien fue sobreseído.