Megaembarque frustrado a España: penan a la banda que quiso traficar 1,6 tonelada de cocaína desde Empalme Graneros

Ocho personas fueron condenadas a penas de entre 3 y 12 años de prisión, acusados de formar parte de una organización narco que intentó en 2022 traficar 1.600 kilos de cocaína acondicionada en pallets de maíz desde Rosario a España a través de la Hidrovía del Paraná, informaron fuentes judiciales.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Federal 3 de Rosario y tuvo en el banquillo de los acusados a ocho integrantes de la organización, mientras que los dos jefes de la narcobanda, los colombianos Gabriel Jaime Londoño Rojas (55) y Álvaro Antonio Ramírez Duque, serán juzgados en un segundo debate ya que fueron detenidos en el exterior y aún no fueron extraditados.

Los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta condenaron a Gabriel Andrés Nicolau a 12 años de prisión al ser considerado jefe del grupo encargado de la coordinación en Argentina y enlace con Londoño Rojas, sindicado como el financista del fallido envío de cocaína a Europa.

Mientras que dispusieron una pena de 11 años para el José Damián “Tano” Sofía, que fue el organizador de la logística para realizar la exportación de pellets de maíz a través de una empresa santiagueña llamada Pepe Cereales, en cuyo embarque iba a salir camuflada la droga secuestrada en agosto del año pasado en un galpón del barrio Empalme Graneros.

De acuerdo con la sentencia, también fueron condenados Marco Rodrigo Páez (10 años de prisión); Lucas Eduardo Hitters (8 años); Oscar Alfredo Rossi y Fabio Héctor Crucianelli (6 años cada uno); Osvaldo Enrique Gorosito (3 años y declaración de reincidencia) y Gastón Ariel Sofía, hijo del “Tano”, a 3 años de ejecución condicional.

Gastón Sofía quedó en libertad, pero deberá cumplir una serie de reglas conductas para mantener esa condición, detallaron voceros de la Justicia Federal rosarina.

Además, el Tribunal dispuso el decomiso de automóviles, un camión, un elevador y dinero en efectivo -entre otros elementos- que fueron secuestrados durante los allanamientos realizados durante la etapa de instrucción de la causa.

Según lo ventilado durante el juicio oral, la investigación se inició por dos vías diferentes.

Por un lado, la División Operaciones Antidrogas Hidrovías del Paraná se encontraba investigando al Tano Sofía, y por las intervenciones telefónicas pudo determinar que gestionaba una exportación de harina de soja al exterior.

Por otro, la División Operaciones Federales de la PFA inició una pesquisa a partir de una nota remitida por la DEA (la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos), que dio aviso de la entrada al país del colombiano Londoño Rojas, considerado financista del tráfico de cocaína.

De acuerdo a la investigación, el ciudadano colombiano estuvo unos días en la ciudad de Buenos Aires, en la que se reunió con su enlace local Nicolau, quien a la vez bajaba las directivas al Tano Sofía y el resto del grupo que participaba de la operación.

Sofía realizó un primer envío de pellets de maíz a España, según los investigadores con el objetivo de asentar ante la Aduana una regularidad en la actividad.

Tenía previsto realizar otra exportación, de 6 contenedores del mismo producto, pero la PFA secuestró el cargamento “contaminado” con cocaína en un galpón de un barrio de Rosario en agosto de 2022.

Por ese lugar pasaron y fueron fotografiados por personal policial los otros acusados en el juicio, Oscar Rossi –mano derecha de Sofía-; Fabián Crucianelli –que mantenía vínculos con la empresa exportadora-; el hijo del Tano llamado Gastón; Marco Pérez, su tío Osvaldo Gorosito y Lucas Hitters, sindicados como quienes acondicionaron la droga en las “big bags” de pellets guardadas en el galpón.

El envío de la droga camuflada iba a salir del puerto de Rosario y tenía como destino la empresa española “Agrícola Venial SL”, aunque los investigadores creen que ese era un lugar de paso y que la cocaína tenía destino final a Dubái.

Finalmente, la operación fue frustrada por la investigación de la PFA y la Justicia Federal de Rosario.