La desaparición de 6 jornaleros puso en cuestión su rol en la sociedad.
La reciente desaparición de siete campesinos en la localidad de Calera, estado de Zacatecas, atribuida a miembros de las Fuerzas Armadas, incrementó las objeciones sobre el Ejército por el rol que desempeña en la lucha anticrimen desde 2006. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos y el escape de Chapo Guzmán muestran una estrategia de dudosos resultados.
La muerte de jornaleros, junto a la desaparición de 43 estudiantes en la sureña ciudad de Iguala en septiembre pasado y el fusilamiento de 22 personas en un galpón en Tlatlaya, cerca de la capital, acentuaron el clamor de algunos sectores para que los militares regresen a sus cuarteles y dejen a la policía las riendas de la seguridad pública.
La gota que desbordó el vaso fue la desaparición de siete campesinos en Calera atribuida a miembros de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de la Defensa admitió que “identificó indicios de una probable participación de personal militar” en el caso.
Actualmente se realizan exámenes pos-mortem a siete cadáveres encontrados la semana pasada en Jerez, Zacatecas, para determinar si corresponden a los jornaleros desaparecidos.
El asunto explotó después de que un niño muriera durante un desalojo en la localidad de Aquila, Michoacán, por personal del Ejército.
En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos en Iguala y luego, según la fiscalía general, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos y asesinados en un basurero, el Ejército es cuestionado por haber supuestamente solapado el arresto. Una solicitud de una comisión independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visitar algunas instalaciones militares en la zona ha sido rechazada hasta ahora en los hechos, aunque las autoridades argumentan que “sigue siendo analizada”.
Amnistía Internacional pidió en enero al gobierno que investigue el papel del Ejército en la desaparición de los estudiantes y señaló que hay alegatos y testimonios de que militares sacaron de una clínica a jóvenes que “buscaban refugio y asistencia” dejándolos a merced de los criminales. Las críticas contra el Ejército han estado presentes desde que en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón decidió declararle la “guerra al crimen” con apoyo de las Fuerzas Armadas.
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