La fiscalía volvió a analizar las llamadas telefónicas realizadas la noche del crimen, ocurrido el 26 de septiembre de 2014, lo que permitió detectar a 17 personas que no habían sido identificadas y que serán investigadas en la causa
Doce años después de la desaparición de decenas de estudiantes mexicanos de una universidad rural de Ayotzinapa, presuntamente a manos de narcos y policías, las autoridades anunciaron el lunes que identificaron a casi una veintena de nuevos implicados.
Al grito de “¡la lucha sigue!”, miles de personas marcharon el sábado, como cada septiembre en Ciudad de México, para reclamar justicia por la desaparición de 43 jóvenes que estudiaban para ser maestros rurales en Ayotzinapa, en el violento estado de Guerrero.
Las pesquisas apuntan a que fueron detenidos por policías, que los entregaron a un cartel local. Hasta ahora hay procesados, pero no condenados y tampoco se conoce el paradero de los cuerpos. Solo se han encontrado los de tres víctimas.
En el último tiempo, los investigadores volvieron a analizar las llamadas telefónicas realizadas la noche del crimen, el 26 de septiembre de 2014.
Esto permitió detectar “a 17 personas que no habían sido identificadas y que hoy son sujetas de investigación”, anunció Mauricio Pazarán, fiscal especial para este caso.
“Evidenció comunicaciones entre servidores públicos, elementos policiales, personas vinculadas con grupos de la delincuencia organizada y particulares”, agregó.
Se descubrieron llamadas entre los perpetradores y miembros de un horno crematorio de Iguala, ciudad donde ocurrió el crimen, que también trabajaban para el servicio forense y el cementerio locales.
En el sitio de la funeraria, se halló un arma de procedencia ilegal y un hueso guardado en un cajón, explicó Pazarán. En una búsqueda posterior se localizaron más restos óseos sin registro y piezas dentales, agregó.
El análisis de las comunicaciones también permitió identificar a un empleado público y a un policía municipal que usaron los teléfonos móviles de dos estudiantes días después de sus desapariciones.
Existe también un nuevo testigo “que participó directamente de los hechos, pero que en esa época era menor de edad”, afirmó. Fue detenido en abril e identificado como miembro del cartel Guerreros Unidos.
El fiscal subrayó que 168 personas están procesadas por el caso Ayotzinapa, de las cuales 130 se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio.
En agosto, un exgobernador fue detenido por haber ordenado eliminar videos de seguridad en Iguala la noche de la desaparición. El exfiscal general del estado también fue arrestado en 2022.
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