Centenares de maestros y estudiantes mexicanos indignados tomaron ayer el control de alcaldías del estado de Guerrero para exigir a las autoridades a que encuentren a los 43 jóvenes desaparecidos en esa región hace casi tres semanas, en un plan que incluye bloqueos en carreteras y protestas. Las movilizaciones, acordadas por organizaciones sindicales y sociales, contemplan la toma en los próximos días de los ayuntamientos de los 81 municipios de Guerrero.
Algunas alcaldías fueron evacuadas y cerradas en forma preventiva, como fue el caso de Iguala, la ciudad de 140 mil habitantes donde desaparecieron los 43 estudiantes tras ser baleados por policías y sicarios la noche del 26 de septiembre pasado.
La tensión y furia aumenta entre todos los mexicanos pero se siente en particular entre los estudiantes que claman: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, ante un caso que devela día a día el horror de la violencia del narcopolicial y la corrupción en el país.
La estrategia prevé también el bloqueo de carreteras y la ocupación de cabinas de peaje de la turística autopista que conecta la ciudad de México y el balneario de Acapulco donde se convocó una manifestación para hoy.
Además de la alcaldía de Chilpancingo, capital de Guerrero, los manifestantes se habían apoderado ayer de los ayuntamientos de Tlapa de Comonfort (82.000 habitantes), Atoyac de Álvarez (61.000) y Huamuxtitlán (15.000) sin que se hubieran reportado incidentes, informó a la AFP un funcionario del centro de mando de la policía regional.
La falta de noticias sobre los jóvenes, alumnos de una combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa (Guerrero), sumado al continuo hallazgo de fosas desespera al país.
En la capital, miles de alumnos de grandes universidades públicas en huelga marcharon anteayer hasta la céntrica sede de la fiscalía general y algunos dañaron a pedradas la fachada de cristal.
Previo a las manifestaciones, integrantes de la policía comunitaria de Guerrero que participan en la búsqueda de los desaparecidos informaron haber hallado seis nuevos entierros clandestinos al occidente de Iguala, un municipio en el que, de acuerdo con informes de la Procuraduría local, policías tienen vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
