Los medios nacionales mexicanos comenzaron a padecer en carne propia lo que desde hace años sólo afectaba al periodismo regional. Secuestros, asesinatos, amenazas y atentados perpetrados por los temidos cárteles de la droga son ahora el fantasma de las grandes empresas de comunicación.
A principios de agosto, los espectadores de Punto de Partida se quedaron atónitos ante las declaraciones de su conductora, Denise Maerker. “Hoy estoy con ustedes tan sólo para informarles que condiciones extraordinarias” impiden “que se emita el programa de esta noche”, que sale al aire en horario central por Televisa, el canal de mayor audiencia del país.
“Lo que les puedo decir es que el lunes pasado periodistas de éste y otros medios de comunicación fueron secuestrados. Emitir un programa en estas circunstancias resulta imposible y un riesgo no sólo para quienes permanecen retenidos sino también para todos aquellos que nos dedicamos al ejercicio periodístico”, explicó. Una vez que concluyeron estas declaraciones, la pantalla estuvo en negro por más de una hora.
Pocos días antes cuatro periodistas de Milenio TV, Televisa y el diario El Vespertino habían sido tomados como rehenes por el crimen organizado cuando realizaban una cobertura en la cárcel de Gómez Palacio, en el estado céntrico de Durango, donde una denuncia dejó al descubierto los lazos de la institución con el narcotráfico. En momentos que debía comenzar Punto de Partida, un operativo de la Policía Federal llevaba a cabo sendos allanamientos para liberar a los retenidos.
Durante el lapso que duró el secuestro colectivo, los medios se vieron obligados a aceptar presiones externas sobre su contenido editorial y a autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de agravar la situación de las víctimas.
“Con este incidente, las amenazas a la libertad de expresión en México alcanzan una dimensión inédita que afecta a todos los habitantes de la nación”, denunció a mediados de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), 67 periodistas fueron asesinados desde 2000 hasta ahora, 10 en el corriente año. Otros 12 se encuentran desaparecidos. Estas cifras convierten a México en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión, junto con Irak y Afganistán.
En ese sentido, en un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que se hizo público esta semana se aseveró que “México es uno de los países del mundo más letales para la prensa y uno de los peores en materia de investigación y esclarecimiento de delitos contra periodistas”. Según el CPJ, “el gobierno está perdiendo tanto la guerra de la información como la guerra en las calles. A menos que emprenda acciones enérgicas, los narcotraficantes seguirán siendo quienes definan qué es noticia y qué no lo es”. Denunció, además, que “una impunidad sistemática se encuentra arraigada a nivel estatal y municipal”.
Los miembros de la prensa estiman que la falta de difusión de estos casos se debe en parte porque las víctimas de la violencia habían sido hasta el momento en pueblos del interior del país. “Hay dos realidades en México: hacer periodismo en la capital, que es relativamente seguro, y hacer periodismo en el interior del país, donde sin dudas no lo es”, sostuvo Lucía Lagunes, una reportera de la agencia de noticias Cimac Noticias, con sede en la Ciudad de México a diarios locales.
Con estos últimos casos, se obligó a la prensa nacional a hacerse cargo de una situación que era desbordante en la mayoría de los estados del país. “Tarde”, opinan los afectados de siempre.
Conciente de su poder, el crimen organizado usa a los medios como voceros. En Matamoros, estado de Tamaulipas, un productor del noticiero central del Canal Vallevisión 7 –repetidora de Televisa–, afirmó a El Ciudadano que “el oficio periodístico no existe aquí desde hace años, no es novedad”.
“No hay día que el narco no nos envíe la información que debemos publicar, todos los que han querido revelarse terminaron en la fosa”, aseveró bajo condición de anonimato “por eso de que en internet ahora se encuentra todo”.
En esa región donde se libra una batalla por el control del territorio entre los cárteles de Los Zetas y El Golfo –antiguos aliados– se llevaron acabo una serie de atentados con coche bomba contra la Policía Metropolitana y la sede local de Televisa. Con estos ataques “nos convirtieron en sus rehenes; los muertos inundan las calles, pero debemos mirar para otro lado… o los próximos seremos nosotros”.
Los casos se multiplican. En Sinaloa, el edificio del diario Noroeste fue baleado a comienzos de semana por sicarios, quienes exigen unos 200.000 pesos (unos 15.000 dólares) a cambio de no hacer volar por los aires la sede de la ciudad de Mazatlán.
Mientras tanto, el gobierno de Felipe Calderón, que lleva adelante una cruda “Guerra contra el narcotráfico”, hace oídos sordos frente a un panorama cada vez más desolador. A falta de protección oficial, los periodistas de las regiones más convulsionadas –como Sinaloa, Tamaulipas, Durango y Chihuahua– optaron por utilizar chalecos antibalas.
