El expresidente de ARSAT, Facundo Leal, fue procesado en una investigación por presuntas coimas y maniobras irregulares en la contratación de una empresa privada por parte de la compañía estatal. La resolución alcanza también a otras nueve personas y se conoció después de que, durante una serie de allanamientos realizados en mayo, la Justicia encontrara US$2,4 millones en efectivo en propiedades vinculadas al exfuncionario.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó el procesamiento por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo, figura que contempla la recepción de sobornos. Además, dispuso un embargo de $3.000 millones sobre los bienes del acusado.
El magistrado rechazó el pedido del fiscal Fernando Domínguez para que Leal quedara detenido en este expediente. Sin embargo, el extitular de la compañía ya se encuentra bajo arresto domiciliario por otra investigación, vinculada con la comercialización de estupefacientes a partir de las sustancias que encontraron en sus domicilios.
En su resolución, Mirabelli describió un sistema de contratación entre ARSAT y Argentina Logistic Services (ALS) atravesado por irregularidades y relaciones entre funcionarios públicos y representantes de la firma privada. Según el juez, esos vínculos apuntaban a beneficiar a los involucrados en perjuicio de los recursos del Estado nacional.
“En efecto, se ha podido establecer que algunos de los funcionarios involucrados han recibido, merced a este accionar irregular, beneficios económicos como ser dinero en efectivo y el abono de viajes”, agregó el magistrado al fundamentar su decisión.
El origen de la investigación y los contratos cuestionados
La causa se inició a partir de un robo ocurrido en enero de 2024 en un depósito de San Fernando que ARSAT alquilaba. De los 17 contenedores almacenados en el lugar desaparecieron cables de fibra óptica, un episodio que derivó en una investigación sobre las condiciones de contratación y el funcionamiento del predio.
Los investigadores detectaron que ALS, propietaria del depósito, no cumplía con requisitos básicos de seguridad, entre ellos la instalación de cámaras de vigilancia. También determinaron que la firma había conseguido contratos directos mediante una aparente competencia con otras compañías que, de acuerdo con la pesquisa, estaban vinculadas entre sí a través de sus directivos.
Por esos servicios, ARSAT pagó US$1.695.667,44 y $32.210.287,09 mediante 16 contratos firmados durante 2022 y 2023. El análisis de los teléfonos secuestrados permitió encontrar mensajes que, para la investigación, aportan elementos sobre el presunto circuito de pagos y los vínculos entre los participantes.
Entre las conversaciones incorporadas al expediente aparecen referencias a gestiones dentro de la empresa y a la distribución de dinero. “Estoy en ARSAT. Viene todo perfecto. Salgo de acá y te llamo. Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”, decía uno de los mensajes.
En otro intercambio se planteaba: “¿Le podrás decir a El Amargo que nos mande guita para llevarle a ARSAT? Yo digo, le damos 20 USD, y después vemos las cuentas, pero más o menos para redondear”.
El fallo también tomó en cuenta la comunicación telefónica frecuente entre integrantes de ALS y funcionarios de la compañía estatal. Aunque el contenido de esas llamadas no pudo establecerse, el juez consideró que las fechas y los horarios, relacionados con las demás pruebas reunidas, podían funcionar como elementos adicionales para reconstruir los hechos investigados.
La investigación llegó hasta Leal y, en mayo, la Justicia ordenó allanar dos de sus propiedades. En su vivienda de Mendoza encontraron US$1.787.600 en efectivo, distribuidos entre una valija, un estuche de raqueta y una media.
En un departamento de Palermo, en tanto, se secuestraron otros US$803.754, dinero de otros países, un equipo profesional de espionaje y distintas sustancias. El detalle del procedimiento incluyó 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.
El hallazgo de las drogas derivó en la detención del exfuncionario en una causa separada. Según la información del expediente, Leal sostuvo que las sustancias eran para consumo personal y actualmente se encuentra bajo tratamiento por esa adicción.
Cuando fue citado a indagatoria por el caso de las contrataciones, presentó un escrito y se negó a responder preguntas. En su descargo, rechazó que existieran elementos que lo vincularan directamente con las maniobras investigadas.
“No existe una sola constancia que indique mi intervención en el asunto, tal como correo electrónico, mensaje, nada que se me haya dirigido, que yo haya contestado o que yo haya enviado”, planteó. En esa presentación no hizo referencia a los millones de dólares encontrados durante los allanamientos.
Quiénes son los otros procesados
La resolución de Mirabelli también alcanzó a los exgerentes de ARSAT Gerardo Boschin, Juan Álvarez, Juan Navarro y Pablo Pagani. Por el lado de la firma privada, fueron procesados su presidente, Fernando Paredes, y otros integrantes de la compañía: Diego Padilla, Gastón Padilla y Sofía Varela Vizgarra.
A la lista se sumó Santiago Pando, señalado como intermediario entre los funcionarios públicos y los representantes del sector privado. La propia Argentina Logistic Services (ALS) también fue procesada como persona jurídica.
Fuente: Data Clave
