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Moliendo empleo: trabajadores de Minetti resisten despidos en planta de Córdoba

La empresa difundió un comunicado en el que acusa a los empleados de ocupación ilegal, violencia contra directivos y motivaciones políticas de la toma de su planta en Córdoba. Exigió el desalojo para retomar la producción, lo que fue interpretado como una extorsión. Hay 150 puestos laborales en vilo

Los trabajadores de Molinos Minetti insisten con el reclamo de la anulación de los telegramas de despido y una ayuda económica del gobierno de Córdoba, porque la empresa adeuda seis meses de salarios a 150 empleados.

En el contexto del reclamo, los trabajadores mantienen una ocupación pacífica de las instalaciones que iniciaron hace meses, a la espera de una resolución y para cuidar la maquinaria de la planta, que consideran la única garantía de pago.

«Venimos reclamando al Ministerio de Trabajo de Córdoba que deje sin efecto los telegramas de cesantía de los 150 empleados y una ayuda económica, hasta que se active la planta», habían señalado los trabajadores hace unos días en el marco de la última movilización.

Cuando la protesta llevaba varios días, reapareció la dirección de la empresa con un comunicado que omite la deuda con sus empleados, a los que alude como ex trabajadores y acusa de ocupación ilegal, violencia contra directivos de la firma y motivaciones ajenas a lo laboral.

El texto corporativo, que los trabajadores repudiaron este viernes, señala que «la planta está ocupada ilícitamente por un grupo de ex empleados, más terceros ajenos, pero con notorios intereses políticas extraños a cualquier actividad empresaria».

En esta línea, la empresa sostiene que «brega por la reanudación de la actividad productiva la que solo se concretará una vez liberada la planta con incorporaciones de personal necesarias para ello». La interpretación de esas condiciones, por parte de los empleados, es la de una extorsión.

La empresa, además, pidió el desalojo judicial. «Ante la grosera e ilícita ocupación y perturbación de la planta, se ha denunciado y requerido a la Justicia penal para obtener la restitución, para lo cual incluso ha sido solicitada la habilitación de la feria judicial y cuyos resultados se aguardan», concluye el texto.

 

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