El secretario de Comercio declaró dos horas ante el juez Bonadío en el marco de la denuncia de las consultoras en su contra. Está imputado por "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se presentó este mediodía en los tribunales de Comodoro Py, donde fue indagado por el juez Claudio Bonadío, en el marco de una denuncia en su contra realizada por una consultora.
En medio de un tumulto de periodistas, a quienes no respondió las preguntas que le formularon, el funcionario se presentó ante el juez como imputado por «abuso de autoridad» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público», en una causa penal que se inició con la denuncia del economista Jorge Todesca, presidente de la consultora Finsoport.
El funcionario, imputado por los delitos de «abuso de autoridad» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público» tras multar a consultoras por difundir índices propios de inflación, presentó al juez datos de estas compañías, empresarios y banqueros para «justificar» estas sanciones, y denunció una presunta conspiración.
Moreno -quien ayer fue defendido por la presidenta- acusó a estos empresarios y consultoras de «trabajar en una mancomunión, empezando por el señor (CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto, para elevar las tasas de interés y forzar la devaluación».
Al mediodía, cuando ingresó al cuarto piso de los tribunales, donde está el juzgado de Bonadío, Moreno había saludado uno por uno a los periodistas y prometido conversar con ellos «a la salida».
Sin embargo, se limitó a relatar que estuvo «dos horas» hablando ante el juez y que entregó «material» al magistrado. Antes de retirarse lanzó: «Voten bien en octubre».
El magistrado también citó a indagatoria a tres funcionarios de la Dirección de Lealtad Comercial: Guillermo David, Fernando Carro y Adalberto Rotella.
Los delitos que el juez imputa a Moreno y sus tres colaboradores figuran tipificados en el artículo 248 del Código Penal de la Nación y están castigados con «prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo» para desempeñarse en funciones públicas.
Esa norma dice que «será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».
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