Se trata del Programa Acercar Derechos y el Registro de Organizaciones Sociales de Género y Diversidad. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 466/2025 del Boletín Oficial.
Tales serían como la «falta de vinculación entre los registros primarios (Sistema Integrado de Casos de Violencia por motivos de Género) y auxiliares, informes no firmados ni conformados por las profesionales intervinientes y documentos ausentes o incompletos».
En conclusión, la auditoría sostuvo que «el circuito implementado por el Ministerio para el seguimiento de las personas asistidas y la supervisión del desarrollo de las actuaciones ejecutadas no resultaba suficiente para mitigar los riesgos de cumplimiento y control, por lo que recomendó la revisión integral del programa y la implementación de medidas correctivas sustanciales».
El Programa Acercar Derechos se creó bajo la entonces Dirección Nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en Casos de Violencia por Razones de Género, con el fin de dar una respuesta integral a las necesidades de las mujeres y LGBTI+ en contextos de violencia por motivos de género.
En ese caso, «se buscaba abordar simultáneamente los distintos derechos vulnerados de las personas desde una perspectiva interseccional e intercultural».
El Registro Nacional de Organizaciones Sociales que abordan temáticas de Género y Diversidad se creó bajo la Unidad Gabinete de Asesores del citado Ministerio para relevar y sistematizar información acerca de las organizaciones sociales vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+.
Se buscó mejorar «el acompañamiento del Estado a aquéllas, los recursos y herramientas puestos a su disposición y para fortalecer los lazos» entre el entonces Ministerio y las organizaciones, «como así también el trabajo en red con y entre ellas».
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