Muerte, plomo y servidumbre: desmantelan red de explotación laboral tras el drama de un joven misionero

La tragedia de un joven misionero de apenas 20 años encendió la mecha que terminó por destapar un oscuro entramado de servidumbre e insalubridad en el conurbano bonaerense. Su fallecimiento a causa de una severa intoxicación con plomo —alcanzando cifras alarmantes de 122,8 microgramos por decilitro de sangre, un nivel que cuadruplica el límite legal tolerado— derivó en una causa penal que este jueves sumó la detención de cinco personas, la clausura de dos establecimientos industriales y el rescate de catorce trabajadores expuestos a condiciones de extrema vulnerabilidad.

El origen del hallazgo se remonta a los reportes médicos del joven fallecido, cuya gravedad motivó la rápida intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Las primeras averiguaciones no solo revelaron la existencia de un predio donde se desarmaban baterías de vehículos, sino también la de una segunda planta clandestina no declarada, ubicada en Tortuguitas, dedicada a la fundición y procesamiento de metales tóxicos.

En el marco del operativo denominado Plomo Letal, llevado adelante por el Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, los inspectores y efectivos policiales constataron que el peligro traspasaba los límites de la jornada laboral. Los operarios, expuestos a vapores corrosivos, ácidos y óxido de plomo por hasta doce horas diarias sin elementos de protección básica, también pernoctaban en los mismos predios. Vivían y comían en contenedores o espacios de descanso rodeados de desperdicios industriales y metales pesados. En la redada inicial del 16 de octubre se relevó a 23 personas, determinando que catorce eran víctimas directas de trata con fines de explotación laboral, muchas de ellas oriundas de Misiones y coterráneas del muchacho fallecido.

La investigación, bajo la órbita del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero a cargo del juez Juan Manuel Culotta, dio un paso clave tras la ejecución de nuevos allanamientos. En dichos procedimientos la Policía Federal detuvo a tres mujeres y dos hombres imputados por presunta trata de personas y homicidio culposo. Entre los arrestados destaca el presunto responsable principal de la firma, un hombre de 84 años que se presentó voluntariamente ante el juzgado acompañado por su abogado y quedó inmediatamente bajo custodia. Durante los operativos también se incautaron vehículos, teléfonos celulares y equipos informáticos que serán peritados para profundizar las responsabilidades de la organización.

Mientras la causa avanza sobre la cadena de mandos y busca esclarecer el vínculo penal entre las condiciones de trabajo y el deceso del joven, los sobrevivientes afrontan un escenario complejo. Un grupo de nueve trabajadores misioneros que residían en la fábrica quedó a la deriva tras las clausuras, perdiendo su única fuente de ingresos y refugio. Hoy, bajo la contención de organismos especializados, reclaman no solo justicia por su compañero, sino también asistencia económica y un seguimiento médico prolongado para evaluar las secuelas que la inhalación continuada de metales pesados dejó en sus cuerpos.