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Murió esperando un traslado que nunca le autorizaron

Denuncia contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en la Justicia Federal.

Francisco Rivero tenía 67 años, estuvo internado un mes en un sanatorio privado a la espera de que Pami le autorizara el traslado a un centro de salud de mayor complejidad, para que le extirparan un tumor benigno en el cráneo. Su único hijo Ramiro fue quien se encargó de los trámites para que su padre recibiera la prestación, sin embargo, después de muchas idas, vueltas y trámites engorrosos que no hicieron más que demorar la situación, el hombre falleció a causa de un cuadro respiratorio tras contraer un virus intrahospitalario. Ayer, sus familiares denunciaron al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en la Fiscalía Federal de Rosario por negligencia en la muerte del afiliado.

“Lo único que me queda en claro hoy es que a mi papá lo interné con un diagnóstico, sobre el que los médicos que lo atendieron me dijeron que no corría y peligro y me lo llevé en un cajón. Lo más importante que tenía ya lo perdí, por eso no pienso en lo que pase de ahora en más”, dijo ayer a El Ciudadano Ramiro.

No obstante, el apoderado legal de Rivero, Agustín Parisi, explicó que una vez que la Fiscalía inicie la investigación y caratule el hecho, “nosotros esperamos, como mínimo que la Justicia lo considere como “homicidio culposo”. El abogado no descartó la posibilidad de que el hijo de Rivero se constituya como querellante en la causa.

El principio del fin

El 29 de diciembre Francisco se atendió en la guardia del sanatorio de los Nuevos Ayres, de avenida Pellegrini y Corrientes, con fuertes dolores de cabeza y falta de visión en un ojo. Su hijo contó que luego de que le practicaron dos tomografías, le detectaron un tumor benigno en la hipófisis del cráneo. “Los médicos me dijeron que no era de riesgo pero que había que operarlo para que no se le generaran complicaciones pero una vez diagnosticado, los tiempos se fueron estirando”, aseguró.

Después, según contó Ramiro, “empezaron a suceder cosas como que el neurocirujano estaba de vacaciones y el médico que lo suplantaba no quiso hacerse cargo de la operación”. En ese contexto, el joven fue a las oficinas de Pami, de San Lorenzo y San Martín, en donde le dijeron que “el instituto no hacía derivaciones y el sanatorio en el que estaba su padre era el que tenía que encargarse de conseguir la cama en otro centro de salud, como también el profesional que realizara la intervención y, además, pasar el código de internación”.

Con los papeles para llenar que le dieron en Pami, el muchacho volvió a Nuevos Ayres y se encuentra con que su papá “estaba en estado de urgencia, quedando en prioridad de operación”.

Tras la noticia, desde la administración del sanatorio contradicen lo que le explicaron en la obra social. “Me dicen que ellos no se hacen cargo de ese trámite y desconcertado salgo a buscar sanatorios pero en ningún lugar me dieron respuestas. Vuelvo al Pami y me mandan a Los Alerces en donde me dijeron que tengo que ir primero a un consultorio externo en donde lo tienen que evaluar a mi papá y luego que lo analice una junta médica”, refirió.

Pero como en una película surrealista, fiel al estilo de Luis Buñuel, en los consultorios externos de Los Alerces le indican que “Pami había cortado las prestaciones” por lo que Ramiro volvió a las oficinas San Lorenzo al 800 y le dijeron que “volviera en al día siguiente”, que le darían una respuesta. “Cuando fui, me mandaron al sanatorio de la UOM en donde teóricamente el médico auditor estaba al tanto de la situación, pero iba todos los días y nunca estaba, hasta que después de una semana me llaman por teléfono para explicarme que aquellos pacientes que no pertenezcan a la cápita de la UOM, no van a ser atendidos”, relató.

El joven recordó que “habían pasado 20 días de la internación y que la salud de su papá se iba deteriorando día a día: ya le costaba hablar, moverse y había adelgazado notablemente”. Entonces, Ramiro volvió al Pami y solicitó hablar con la directora María Milva Sánchez, quien asumió en su cargo a fines de diciembre de 2015 pero la sorprendente respuesta que le dieron en las oficinas, a mediados de enero de este año, es que la flamante titular del instituto “se había tomado vacaciones”.

El 25 de enero pasado Francisco murió esperando una prestación que nunca le brindaron, aunque la causa de su muerte, según consta en la denuncia realizada, no fue por el tumor en la hipófisis sino por una falla respiratoria, producto de contraer un virus intrahospitalario en el sanatorio de los Nuevos Ayres.

“Fueron días muy difíciles, no tuvimos respuestas del Pami ni de nadie. Mi padre siempre estaba ahí para ayudarme y siempre aportó durante sus años de trabajo, por eso nunca pensé en que el Estado que recibió sus aportes lo iba abandonar”, concluyó.

Pami estuvo más de un año para acatar un fallo por dos enfermos terminales

La mala calidad en la atención del Pami es un problema que lleva décadas sin resolverse y el caso lamentable de Francisco Rivero se suma otras denuncias que pesan sobre la obra social del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Sin ir más lejos, tras negarse a brindar una serie de prestaciones a dos afiliados que sufrían de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) –una enfermedad progresiva e irreversible que ataca al sistema motor– familiares de los afectados realizaron una denuncia penal por “abandono de persona”.

Pese a que en abril de 2014 el juez federal Héctor Zucchi ordenó a Pami que brindara las prestaciones solicitadas, recién lo hicieron después de un año de dictarse el edicto. Tras una larga agonía y espera, en uno de los casos, la llegada de un colchón especial y un aparato especial que le ayudara en la deglución, los dos enfermos de ELA murieron al poco tiempo de que Pami le entregara los elementos y las prestaciones solicitadas.

Cabe remarcar que la cronología de los pacientes con ELA comienza primero con inmovilidad gradual de brazos y piernas, hasta llegar a ser total. Luego, afecta la deglución, lo que hace que los pacientes necesiten una atención personalizada y constante para evitar riesgos de ahogamiento. Finalmente, el cuadro culmina con un paro cardiorrespiratorio. No obstante, la afección no daña las capacidades cognitivas por lo que quienes la padecen están plenamente concientes de lo que sucede a su alrededor.

Para las abogadas especialistas en Derecho de Salud, Carina Mazzeo y Julia Canet, “hay una marcada diferencia entre las respuestas de las obras sociales prepagas ante esta situación, ya que la imputación recae sobre los responsables de las firmas privadas y nadie quiere tener una causa en su contra por abandono de persona pero en el Pami nadie va preso”.

Las abogadas recordaron también que una de las excusas que desde el Pami usan con frecuencia para justificar la negativa de la prestación, es el supuesto colapso económico que provocaría a los obligados. “Y esto resulta preocupante ya que más de una vez este argumento condiciona el ánimo del juzgador a la hora de resolver. Inclusive, existe cierto grado de preocupación en nuestros magistrados que se sienten de algún modo responsables del sostenimiento del sistema”, señalaron.

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