El Ministerio de Justicia adjudicó $648,8 M en pasajes y asistencia, pese a una oferta $34 M más barata; faltan precio testigo y detalle de fees
El 14 de agosto de 2025, el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, adjudicó un contrato por $648.779.200 para la compra de pasajes aéreos, terrestres, internacionales y asistencia al viajero. La decisión generó interrogantes: la segunda oferta presentada era casi $34 millones más económica, no se fijó un precio testigo y se priorizaron criterios técnicos que, según documentos del proceso, dejaron dudas sobre fees y posibles sobrecostos.
La licitación se efectuó bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, con un plazo inicial de 12 meses prorrogables. En este esquema, el Estado contrata un paquete de servicios (en este caso, pasajes y asistencia al viajero) estableciendo topes máximos de gasto. Si durante el período no se agotan los montos comprometidos, la contratación puede extenderse hasta 2026 sin necesidad de reabrir la licitación, lo que otorga flexibilidad pero también reduce la transparencia frente a variaciones de demanda y precios del mercado.
Fuentes vinculadas al expediente señalan que, pese a la diferencia de casi $34 millones a favor de la segunda oferta, la adjudicación se decidió por criterios técnicos evaluados en la comisión respectiva. Los puntos conflictivos que aparecen en el análisis son:
La decisión del Ministerio abre un debate sobre el equilibrio entre la valoración de aspectos técnicos (como experiencia, capacidad operativa y calidad de servicio) y la eficiencia en el uso de fondos públicos. Si bien la elección por criterios técnicos puede justificarse en la búsqueda de un servicio confiable para funcionarios y dependencias, la diferencia económica con la oferta más barata y la falta de mayor transparencia en la estructura de costos generan señales preocupantes en términos de control y buen uso del erario.
En suma, la adjudicación por $648.779.200 del Ministerio de Justicia refleja una decisión administrativa que priorizó aspectos técnicos, pero que al mismo tiempo dejó sin resolver interrogantes relevantes sobre economía del contrato y mecanismos de control. La documentación completa del proceso será clave para disipar o confirmar las dudas planteadas.
En otras palabras, además del costo de los boletos y seguros, el Estado debe pagar a la agencia cargos adicionales por cada pasaje emitido, modificado o anulado.
La licitación tuvo dos oferentes:
El dictamen de evaluación, fechado el 6 de agosto de 2025, otorgó 90 puntos a Sudameria y 80 a ITS, inclinando la balanza a favor de la primera. No se presentaron impugnaciones.
Lo llamativo es que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) informó mediante la Nota NO-2025-80761008 que no pudo determinar un precio testigo de referencia. En estos casos, la ausencia de un valor de control dificulta la comparación con el mercado y eleva el riesgo de sobrepreprecios.
El pliego establece que la empresa adjudicataria debe proveer un software integral de reservas de alcance mundial, con acceso en tiempo real a vuelos y transportes, y la capacidad de emitir pasajes “offline” cuando no haya disponibilidad online. También incluye:
La disposición firmada por Montero establece que el gasto se imputará a las partidas de 2025 y 2026, lo que significa que el contrato sigue vigente más allá del ejercicio en curso. El esquema, por tanto, compromete a la próxima administración del presupuesto en un área que, en principio, debería responder a necesidades coyunturales de viajes oficiales.
El ministro Mariano Cúneo Libarona atraviesa un período de fuerte exposición política. En los últimos meses enfrentó cuestionamientos por la demora en la implementación del sistema acusatorio federal, las tensiones con jueces federales y la falta de definiciones en políticas sensibles del área de Justicia.
Su gestión también fue señalada por defender los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Garcia Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Más que una compra rutinaria, esto exigirá auditoría pública: detalles de emisiones, reemisiones y comisiones deben estar disponibles ya, para que la ciudadanía sepa cuánto viaja el Estado y cuánto cuesta cada trámite.
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