Treinta y cuatro operaciones con transferencias de cirptomonedas en tres meses a una billetera virtual sospechada de pertenecer a un hombre vinculado al Hezbollah derivó en la investigación que terminó con 8 allanamientos. La fiscal asegura que no hay detenidos ni vinculación con el terrorismo
Una información difundida por el Ministerio de Seguridad de la Nación daba cuenta de que una investigación sobre financiamiento al terrorismo internacional mediante transferencias con criptoactivos derivó en ocho allananamientos en el país. Sostenía que los procedimientos tuvieron lugar en la provincia de Córdoba y uno de ellos en la localidad santafesina de Vila. Y que la investigación que inició Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) cuyos procedimientos llevó adelante personal de la Policía Federal dijo que detectaron 34 operaciones en tres meses y estiman que el volumen de fondos operados, teniendo en cuenta créditos y debidos, asciende a 1.800 millones de pesos. Además afirmaba que hubo cuatro arrestados. Sin embargo la fiscal federal de San Francisco, María Schianni, desmintió que haya cuatro personas detenidas como supuestos financistas de acciones de la organización terrorista Hezbollah, tal como había informado el sábado el Ministerio de Seguridad de la Nación. Si bien hubo allanamientos y hay una investigación en marcha respecto de operaciones con criptomonedas, pero no hubo detenciones, sino meros fichajes sin imputaciones.
Contó que se detectaron 34 operaciones de activos virtuales en USDT entre marzo y junio de este año “las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4° grado, con otra billetera que habría sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo “Chainalysis”, como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo”, dice el parte de prensa.
Estiman que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos, refirió el documento.
Tras algunas tareas investigativas la fiscalía federal de San Francisco a cargo de María Marta Schanni solicitó al Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por el juez Sergio Pinto ordenó siete allanamientos en la localidad de La Porteña, en Córdoba y uno en Vila en Santa Fe.
Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Armas y Explosivos, todos pertenecientes a la Policía Federal Argentina.
El resultado fue la detención de dos hombres y dos mujeres que quedaron a disposición del juez. Asimismo, se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones varias, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una cpu, notebooks y siete teléfonos celulares, contó la fuente.
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