Con estas nuevas solicitudes fiscales, ya son 39 los imputados que irán al banquillo. La red operaba en AMBA, lavaba dinero en cuevas porteñas y tenía terminales en Bolivia, Perú y Paraguay. El jefe está prófugo.
Ya son 39 los imputados que irán al banquillo. La red operaba en AMBA, lavaba dinero en cuevas porteñas y tenía terminales en Bolivia, Perú y Paraguay
La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, bajo la dirección del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, dio por concluida la etapa de instrucción y solicitó formalmente la elevación a juicio oral para otras ocho personas acusadas de integrar una imponente red de narcotráfico trasnacional. Con este nuevo requerimiento, que contó con el soporte de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) conducida por Diego Iglesias, ya suman 39 los imputados que esperan ser juzgados.
La punta del ovillo de esta mega-causa se remonta a mayo de 2022, cuando el hallazgo de una avioneta abandonada en un campo del partido bonaerense de Pergamino alertó sobre la existencia de sistemáticos «narcovuelos». A partir de ese hito, las tareas de inteligencia criminal desplegadas por la Gendarmería Nacional desnudaron una organización con una aceitada logística de transporte, acopio, fabricación de drogas sintéticas y venta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
De acuerdo a la investigación judicial, la banda no solo movía cargamentos a gran escala dentro del territorio nacional, sino que extendía sus tentáculos hacia Bolivia, Perú y Paraguay. El dinero sucio de la comercialización se volcaba al circuito legal mediante la compra de bienes y el constante desvío de fondos a través de «cuevas financieras» ubicadas en el microcentro porteño.
El presunto líder de la estructura criminal fue identificado como David Forton Salinas, alias “Piedrita”, un ciudadano de nacionalidad peruana que manejaba los hilos de la organización desde el barrio Padre Mugica (ex Villa 31) de Retiro. «Piedrita» se encuentra actualmente prófugo y con una orden de captura internacional vigente.
Entre los ocho nuevos procesados que irán a debate oral se destaca el peruano Guillermo William Godoy Ayerbe (51), conocido bajo el alias de «Fidel Flores». Para la fiscalía, Godoy Ayerbe cumplía un rol jerárquico como organizador y financista de las maniobras, además de encargarse personalmente de la coordinación de los bolsos con estupefacientes.
El resto de la nómina —quienes se incorporaron a la logística criminal a principios de 2023— la componen tres mujeres paraguayas de entre 25 y 39 años (Analía Vasquez Barrios, Rosalba Barrios Cabello y Susana Pérez Castillo), dos hombres de nacionalidad peruana (Jonatan Ormeño Sotomayor y Antoni Rivera Romero), un ciudadano argentino de 71 años (Ramón Maidana) y un menor de edad.
Todos llegarán al juicio bajo las graves calificaciones de coautores de tráfico de estupefacientes (en las modalidades de transporte, almacenamiento y distribución) agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con lavado de activos de origen delictivo.
A lo largo de los múltiples allanamientos y procedimientos ordenados en los últimos cuatro años, las fuerzas federales lograron incautar un fenomenal volumen de sustancias y bienes:
112 kilos de clorhidrato de cocaína.
53 kilos de marihuana y 522 plantines.
1.785 pastillas de éxtasis (la banda también producía sintéticas).
Más de 50 vehículos de diversa gama.
195.000 dólares y 69 millones de pesos en efectivo.
Máquinas contadoras de billetes y balanzas de precisión.
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