El año pasado, la inversión extranjera en Argentina fue la decimotercera parte que la que eligió México para proyectos o compras de activos. Brasil, en tanto, recibió 24 veces más que el país gobernado por libertarios. Son datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
El Gobierno libertario de Javier Milei se vende como el más afín a las inversiones extranjeras, sean cuales sean, y se esfuerza por tentarlas con desregulaciones y beneficios de todo tipo, pero la realidad indica otra cosa: la Argentina tuvo el nivel más bajo de Inversión Extranjera Directa (IED) entre las principales economías de América Latina en 2025. El dato sobre el incómodo, posicionamiento en el ránking es nada menos que de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Las cifras son contundentes: el año pasado, la inversión extranjera en Argentina fue la decimotercera parte que la que eligió México. Brasil, en tanto, recibió 24 veces más que el país gobernado por libertarios.
El informe de la OCDE expone un cuadro que difiere radicalmente del buen «clima de negocios» con el que la gestión de Javier Milei justifica sus políticas de apertura indiscriminada y desregulaciones de todo tipo.
En 2025, Brasil recibió 76.877 millones de dólares de inversión extranjera directa. México, 40.871 millones. Chile, 13.152 millones. Colombia, 11.462 millones. Hasta Costa Rica casi suplicó a la de Argentina, con 5.733 millones en contraste con los exiguos 3.134 millones netos que ingresaron al país de las oportunidades que marketinea el oficialismo.
El relevamiento destaca que incluso economías considerablemente más pequeñas que la argentina lograron captar mayores flujos de capitales externos, y menciona dificultades estructurales para atraer inversiones productivas sostenidas. Solo llegan las especulativas.
“El contraste refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como destino de capital productivo de largo plazo, aún en sectores donde el país posee ventajas competitivas y fuertes incentivos regulatorios”, sostiene el documento.
Uno de los puntos centrales del análisis es que el último y alejado puesto del país se produjo pese a la implementación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Esa apuesta libertaria para atraer capitales externos, especialmente en sectores vinculados a energía, minería y recursos naturales, en resumen, implicó un enorme gasto fiscal (que en muchos casos se extiende por tres décadas) a cambio de casi nada.
El reporte en base a los datos de la OCDE que realizó el grupo de profesionales Misión Productiva resalta que los proyectos asociados al RIGI no alcanzan para generar un proceso amplio de inversiones sobre el conjunto de la economía.
«El dato resulta especialmente significativo porque ocurre en un contexto donde el Gobierno impulsó un fuerte esquema de incentivos a grandes inversiones mediante el RIGI. Sin embargo, los números muestran que esas inversiones vinculadas principalmente a recursos naturales y energía no alcanzan para generar un proceso amplio de atracción de capitales», indica el documento.
Agrega que la capacidad de atraer inversiones no depende únicamente de beneficios regulatorios o fiscales, como planteó el Gobierno, sino también de otros factores como el nivel de actividad, el acceso al crédito, la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de crecimiento.
Entre los principales factores que explican el mal desempeño argentino en materia de inversión extranjera, Misión Productiva enumeró:
Menciona ademáas la elevada incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema macroeconómico y la debilidad del entramado Pyme, junto con la caída de sectores intensivos en empleo.
«La inversión extranjera difícilmente pueda expandirse de manera sostenida en un contexto de mercado interno deprimido, utilización ociosa de capacidad instalada y ausencia de financiamiento de largo plazo», señala Misión Productiva.
Como contrapartida, el reporte refiere que los países que lograron procesos sostenidos de desarrollo económico mantuvieron históricamente tasas de inversión mucho más elevadas que las actuales en Argentina. Y advierte que el desafío hacia adelante será reconstruir condiciones para una expansión más amplia de la inversión productiva.
Si no hay un volantazo, concluye el informe, «la actual estrategia de estabilización y el rumbo productivo del Gobierno seguirán teniendo impactos negativos en el largo plazo».
El último informe trimestral del balance de Inversión Extranjera Directa (IED) que elabora el Banco Central indica que durante el cuarto trimestre de 2025 hubo egresos netos de IED por 4.687 millones de dólares. El balance negativo (salieron más divisas de las que entraron) es consecuencia, principalmente, de la cancelación de deuda comercial entre empresas vinculadas: subsidiaria local a casa matriz.
Según los datos oficiales, la renta de capital de la IED alcanzó los 1.436 millones de dólares en los últimos tres meses del año pasado. Más de la mitad de esa cifra la explican los sectores de «Industria manufacturera» y «Explotación de minas y canteras», que concentraron el 26% y 25% del total, respectivamente.
La distribución de utilidades y dividendos en el mismo período fue de 1.194 millones de dólares, lo que dejó una reinversión de utilidades de apenas 241 millones.
En cuanto a los aportes de capital, el informe detalló ingresos netos por 1.111 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. El 93% de ese monto correspondió a aportes en efectivo. Los sectores que más capital recibieron fueron «Otros intermediarios financieros» (436 millones), e «Industria manufacturera» (321 millones).
El principal factor detrás de la salida neta de capitales fue el fuerte desendeudamiento comercial. Las transacciones de deuda con empresas vinculadas mostraron egresos netos por 5.363 millones de dólares, impulsados por una reducción de deuda comercial de 5.657 millones.
Pese a estos movimientos, el stock total de inversión extranjera directa en Argentina alcanzó los 181.037 millones al cierre de 2025. De ese total, 126.618 millones correspondieron a participaciones de capital y 54.419 millones a instrumentos de deuda.
Por países, Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de la IED en Argentina, con un stock de 32.060 millones de dólares (18% del total). Lo siguieron España (25.715 millones) y Países Bajos (21.580 millones).
El Gobierno insiste con una tentación de capitales que, más allá del relato, las cifras concretas refutan. Envió al Congreso un proyecto para implementar, ahora, un «Súper RIGI», nombre de fantasía para el «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias“.
Se busca atraer “nuevas actividades económicas”, lo cual refiere a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, «con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto».
Ese es el argumento oficial. Los cuestionamientos aparecieron pronto. Una normativa a medida para lo que venden algunas corporaciones. Por caso, el magnate Peter Thiel, dueño de Palantir y promotor de un «tecnofascimo» que recela de la democracia.
El nuevo esquema regirá para las inversiones superiores a 1.000 millones de dólares e incorpora amplios beneficios tributarios y aduaneros. Entre los incentivos, se incluye una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
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