“La determinación del presidente electo Alberto Fernández es que empiece un camino de resolución lo antes posible", dijo el economista que suena para hacerse cargo de esa cartera respecto a la deuda del país los acreedores privados y el FMI. "Hay que sentarse a hablar con mucha gente", agregó
El economista y posible próximo ministro de Economía de la Argentina, Guillermo Nielsen, afirmó que el objetivo del nuevo gobierno será una negociación “rápida” con los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “minimizar daños” que pueda sufrir el país.
“La determinación del presidente electo (Alberto Fernández) es que empiece un camino de resolución lo antes posible, dentro de las limitaciones formidables que presenta hoy la economía argentina”, dijo el economista en una exposición realizada recientemente en la Universidad de Miami.
El economista dijo que el gobierno electo está confiado en poder avanzar dado que en el mercado hay matices que no había años atrás, que hay “ansiedades distintas y diferentes visiones de la realidad”, tanto en los acreedores privados como en el FMI.
“A todo el mundo le gustaría que esto nunca hubiera ocurrido, para empezar”, dijo el eventual funcionario sobre la crisis de la deuda argentina, pero señaló: “Esto se presenta como un problema de liquidez y no de solvencia, por lo menos por cierto tiempo”.
Nielsen aclaró que si un problema de liquidez se prolonga en el tiempo puede devenir en un problema de solvencia y señaló que eso lo tiene “claro” el equipo de economistas liderados por él que está asesorando a Fernández.
“Quienes estamos asesorando al presidente electo (Fernández) obviamente estamos tratando de minimizar daños y parte de eso es que esto salga rápidamente. Tampoco hay que exagerar, porque hay que sentarse a hablar con mucha gente”, dijo el economista.
El propio Nielsen compartió el video de su ponencia en la Universidad de Miami con un mensaje en la red social Twitter. El economista dijo que “hay un diálogo muy peculiar” con el FMI que hay que tener para la revisión del acuerdo crediticio stand by por 56.300 millones de dólares que firmó la gestión de Mauricio Macri en junio del año pasado.
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