No hay más suelo para soja

Con la superficie cultivable “al límite”, según reconoció el ministro de la Producción Juan José Bertero, continúa el debate por el modelo agropecuario y, en particular, por la nueva ley de fitosanitarios para la provincia.

Bertero abrió ayer la Jornada de Soja para Profesionales, en la capital santafesina, marcando la cancha: dijo que es necesario “aumentar el uso del suelo y la productividad”, ya que la superficie cultivable de la provincia “llegó al límite”. En paralelo, se suceden las opiniones sobre la norma que regulará el uso de productos químicos en el campo. El proyecto que votó la Cámara de Diputados –que establece un límite de 500 metros desde la línea agronómica para las fumigaciones terrestres y de 1.000 metros para las aéreas– había generado el rechazo de las distintas organizaciones de productores porque, aseguran, afectará sus ganancias. Tampoco conforma a los ambientalistas, que lo consideran más permisivo respecto del fallo de San Jorge: 800 y 1.500 metros, respectivamente. El Senado aún no lo trató, pero sus integrantes ya conversaron con profesionales y productores y prometieron estudiar cambios para suavizar los efectos de la nueva ley.

La ley y el caso San Jorge

Bertero le puso reparos al proyecto para modificar la actual ley de agroquímicos al señalar que no se debería legislar sobre un producto puntual sino sobre la práctica en general: “Hoy hablamos de glifosato y mañana quizás hablemos de otra cosa, como ayer hablábamos de otros productos. A mí me parece que no hay que trabajar con un producto y que hay que escuchar las opiniones de quienes habilitan este proceso, como el caso de Senasa, que es la autoridad de aplicación”.

El ministro apelará a los trabajos de ese organismo nacional para cumplir con una de las disposiciones del fallo de la Justicia de San Jorge, que pidió al gobierno y a la Universidad Nacional del Litoral estudios nuevos sobre la toxicidad del glifosato: “El plazo no terminó; Fiscalía de Estado está trabajando en el tema para ver cuál es la respuesta final”. Bertero se quejó: “Primero, se nos convoca a nosotros y no se le da participación a Senasa. Y segundo, hay estudios realizados por universidades, encargados por la Nación, que no se han mencionado. Nosotros creemos que hay que tenerlos en cuenta”.

Según el funcionario, las conclusiones de esos estudios “no son tan categóricas sobre los efectos negativos” de los agroquímicos. Bertero volvió a pedir responsabilidad a las comunas y ciudades del interior que aún no definieron su línea agronómica –el final del ejido urbano–, elemento clave para aplicar la norma que, finalmente, termine sancionando la Legislatura. “Partimos de la base de que son productos tóxicos”, siguió el ministro. “La aplicación tiene que ir de la mano de una receta extendida por un profesional, el aplicador tiene que estar habilitado, pero en muchos casos estas cosas no ocurren. Y lo mismo pasa con los envases: “Si no hay una toma de conciencia de que un envase tiene un producto tóxico y que hay llevarlo a un lugar determinado donde se le pueda dar un destino final, vamos a tener problemas porque se dejan los envases depositados en cualquier parte”, describió.

Más superficie, más soja

En la Jornada de Soja para Profesionales, Bertero advirtió: “En los últimos 30 años la superficie dedicada a la agricultura en la provincia aumentó un 30 por ciento, llevándonos al límite de la superficie apta para cultivo en función de la tecnología y los procesos que hoy tenemos. En el mismo período, la superficie destinada a soja aumentó un 320 por ciento. Por lo tanto, ante el escenario de oportunidades que nos da un mundo que demanda alimentos, estar a la altura de ese proceso será posible si trabajamos sobre tres variables: aumentar la superficie, intensificar el uso del recurso e incrementar la productividad. De esas tres, una –la superficie– está al límite. Entonces, si queremos aprovechar el contexto, debemos trabajar en aumentar el uso de ese recurso para incrementar la productividad”.

El ministro de la Producción recordó que la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, “puso en mano de los gobiernos provinciales el cuidado de los recursos. En consecuencia, el recurso suelo es un bien público que todo debemos cuidar. A tal fin, el gobierno trabaja junto a varias instituciones en cuatro líneas: ordenamiento territorial o zonificación agroecológica, sustentabilidad de los nuevos procesos, contención social con inclusión social y empleo rural, y rentabilidad de las actividades agropecuarias. Esa red debe ser el primer engranaje de transmisión de las políticas agropecuarias: qué vamos a hacer con el suelo y con las aplicaciones que haremos sobre ese suelo. En ese marco, los profesionales son nuestra vía de transmisión de conciencia social”, les dijo Bertero a los ingenieros agrónomos.