“No hubo órdenes ilegales”

“No existieron órdenes ilegales”. Tampoco hubo “centros clandestinos de detenciones” bajo la órbita del Segundo Cuerpo del Ejército. “No tuve control operacional de la Policía de Santa Fe”. “La doctrina de la seguridad nacional jamás existió como documento oficial del gobierno argentino o del Ejército”. La curiosa declaración de ayer del ex comandante general retirado del Ejército Argentino Ramón Genaro Díaz Bessone estuvo destinada a deslindar sus propias responsabilidades en el accionar represivo de la última dictadura en el sur santafesino, por las que se lo juzga en los estrados del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario.

Díaz Bessone continuó ayer su declaración indagatoria en el marco del juicio que ventila los crímenes de una parte de la denominada “patota de Feced”, que actuó en el centro clandestino de detención que funcionó en el entonces Servicio de Informaciones de la Policía rosarina.

Con el mismo libreto empleado por otros represores en causas por delitos de lesa humanidad, Díaz Bessone explicó ayer que “el plan sistemático de exterminio no existió” ya que “el único plan fueron los decretos y las directivas del gobierno constitucional” de Isabel Perón, dictados en 1975 para contener la avanzada militarista de las organizaciones guerrilleras.

“Durante mi gestión no hubo actividades clandestinas ni ilegal”, sostuvo el ex comandante del Segundo Cuerpo, cuya “gestión” concluyó el 11 de octubre de 1976.

La coartada del anciano militar consiste en achacar el proceder represivo de las Fuerzas Armadas y policiales a los decretos de Isabel Perón, y en enmarcar la represión ilegal en “una guerra”. Por eso, ayer insistió en que no hubo “detenidos” sino “prisioneros”, y justificó los operativos en función de muchas de las víctimas pertenecían a “organizaciones guerrilleras”.

En ese sentido, sostuvo durante su declaración ante el tribunal que no tuvo “control operacional de la Policía” de Rosario, que entonces estaba bajo la jefatura del ex comandante de Gendarmería Agustín Feced, hoy fallecido. “Sobre Feced no voy a insistir porque no estaba bajo mi control operacional”, machacó. Otro punto de su estrategia de defensa consiste en separar su “gestión” de la de su sucesor, el entonces general Leopoldo Fortunato Galtieri.

“La Fiscalía carga en mi caso la responsabilidad de Galtieri, que está fallecido”, quien según Díaz Bessone “tenía un mando distinto” al suyo, “como el de un gobernador”. Galtieri fue responsable de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, la Quinta de Funes, la Intermedia, la escuela Magnasco y El Castillo.

En su relato, seguido en la misma sala de audiencias por el resto de los imputados, los ex policías José Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini y el civil Ricardo Miguel Chomicky, Díaz Bessone sí admitió que “era normal el intercambio de informaciones” entre el Ejército y la Policía. También reconoció que se prestaban detenidos, si la otra fuerza lo requería.

Pero en todo momento aclaró que su condición de comandante del Segundo Cuerpo nada tuvo que ver con el control de la Policía, lo que se contradice con testimonios de otros imputados, por ejemplo Lo Fiego, que ató el proceder de la patota del Servicio de Informaciones a las decisiones del Comando.

“Cuando se capturaba a un enemigo había que llevarlo a los cuarteles del cuerpo, que no eran clandestinos como no lo son ahora. Yo no lo hubiera permitido en mi gestión”, sostuvo en otro tramo el acusado de 87 casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos y 17 homicidios. En cambio, dijo que sí fueron centros clandestinos “las cárceles del pueblo”.

Díaz Bessone sostuvo también: “De los 87 casos que se me imputan, la mitad fueron durante la gestión Galtieri”. En ese sentido, enumeró uno por uno los casos que se le imputan, para desestimar aquellos en los que no participó el Ejército y deslindar responsabilidades en los que sí.

En ese momento, le pidió al TOF2 “averiguar si las víctimas pertenecían a las organizaciones guerrilleras que había que aniquilar según el decreto” de Isabel, porque en ese caso se siente exculpado de sus delitos.

En el universo de Díaz Bessone, donde no hubo centros clandestinos de detención ni órdenes ilegales de represión, tampoco existió la doctrina de la seguridad nacional, por la cual las Fuerzas Armadas determinaban que el enemigo era interno y relajaban sus tareas de defensa de una potencial agresión externa para salir a la caza de “subversivos”.

“La doctrina de la seguridad nacional jamás existió como documento oficial del gobierno argentino o del Ejército”, aseguró, aunque aclaró que “no fue un concepto despreciable en la historia nacional”. Todo lo contrario. Díaz Bessone recordó que se aplicó en la primera década del siglo pasado durante el gobierno de Manuel Quintana “para expulsar extranjeros anarquistas” (por aplicación de la ley de Residencia) y durante la gestión del radical Arturo Illia en los 60, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Zabala Ortiz.

“No tiene nada de objetable”, opinó, para aclarar  nuevamente que “no existió como doctrina de las Fuerzas Armadas”.