“Nos quitaron la tranquilidad de vivir”

El mes pasado, una policía de 35 años fue imputada por un homicidio ocurrido en mayo de 2014 luego de que una investigación realizada por la Fiscalía determinara que los dos disparos mortales que recibió Héctor Oscar Gómez durante un robo en barrio Industrial habían salido de su arma reglamentaria. Sin embargo, la mujer explicó en la audiencia que la pistola peritada le había sido entregada siete meses después del crimen, por lo que el juez Gonzalo López Quintana le fijó prisión domiciliaria para constatar sus dichos. Al día siguiente, su abogado defensor le notificó que se había dispuesto la libertad inmediata. Si bien Patricia y su marido Iván sintieron un gran alivio, aseguran que el daño que les causó, tanto la detención como la exposición pública, son irreparables.

“Antes de ensuciar así a una persona, la Justicia tiene que investigar bien. A mi esposa nunca la llamaron a declarar. Directamente nos allanaron la casa y se la llevaron detenida, como si fuera una delincuente. A lo mejor, para ellos somos un número más, pero a nosotros nos quitó la tranquilidad de vivir”, dijo Iván a El Ciudadano.

“Estamos bastante indignados por el trato. Nuestra hijita tiene un año y medio y cada vez que golpean la puerta de casa se larga a llorar. No entendemos cómo pueden hacer algo así sin investigar bien. Principalmente, queremos que esto no vuelva a suceder”, continuó Iván, quien es docente universitario.

Además del malestar por la forma de operar de la Fiscalía, el matrimonio se sintió vulnerado por el tratamiento que le dieron al caso algunos medios de comunicación: “Pusieron la dirección de mi casa, con la numeración exacta. Imaginate que salió el frente de mi vivienda en todos lados. Nos causó una indignación enorme”, continuó Iván, que siguió enumerando males.

“Nosotros somos de barrio humilde. Vivimos en Empalme Graneros y Patricia, que se crió en barrio Industrial, había cumplido su sueño de trabajar de maestra en la escuela donde terminó la primaria. Porque está convencida que con la educación se pueden hacer muchos cambios y por eso tiene dos trabajos. Pero por culpa de todo esto perdió el reemplazo. Esperamos la pronta desvinculación de la causa”, concluyó.

El crimen

Eran cerca de las 6.30 del 4 de mayo de 2014 cuando se escucharon varias detonaciones. Poco después, Héctor Oscar Gómez, de 50 años, yacía muerto en la puerta de su casa ubicada en French al 2000. El fiscal Florentino Malaponte sostuvo que Alexandro Delio F, alias Piquito, junto a F.P, por ese entonces de 17 años, y otras dos o tres personas se dirigieron a la casa de la víctima con fines de robo portando un arma que era de Patricia A. Por su parte, la víctima extrajo un machete para defenderse y recibió dos impactos de bala: uno en la pierna y otro en la región supraclavicular con salida por el omóplato, que le produjo una hemorragia masiva de tórax y lo llevó a la muerte.

El fiscal sostuvo que hubo varios testigos que sindicaron a dos de los integrantes del grupo, aunque por temor muchos no quieren declarar. Y referenció sobre un testigo ocular que escuchó cuatro disparos y observó correr a Piquito y a F.P junto a otras personas. El primer detenido fue Alexandro F., que a días del hecho fue imputado cuando cayó preso por otro caso aunque recuperó la libertad por falta de evidencia.

Malaponte sostuvo que las vainas secuestradas en el lugar del crimen fueron cruciales. Había una versión original de que F.P. tenía un familiar que era policía cuya arma había sido utilizada en el homicidio. Es así que se ubicó a Patricia A., quien se encontraba con carpeta psiquiátrica y había entregado su arma reglamentaria a la Policía. Esta pistola fue peritada y el informe determinó que fue el arma homicida.

A ello se sumó la ampliación del testigo ocular, lo que derivó en tres allanamientos donde detuvieron a la mujer y a otros dos jóvenes. Piquito fue imputado del delito de homicidio en ocasión de robo y la mujer policía como partícipe necesaria e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora, la familia de Patricia espera que la Justicia la desvincule definitivamente de la causa.