En medio de un proceso de expansión, la recuperada Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, que en septiembre fue declarada Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado, se encuentra nuevamente atravesada por un conflicto con voces cruzadas entre los propios protagonistas. Desde la comisión directiva denunciaron que los abogados que intervinieron en el proceso judicial para su recuperación exigen ahora una suma de más de 10 millones de pesos en honorarios, la cual consideran que “podría perjudicar la continuidad de la institución”. Pero los letrados en cuestión, Marcelo Abaca y Marcelo Scalona, desmintieron la acusación y aseguraron que la institución no sólo no fue notificada, sino que la cifra no fue determinada aún por la Justicia, y aun cuando se determine, la biblioteca no pagará: “Gran parte de nuestros honorarios fueron cedidos y renunciados en un acta de comisión directiva que firmamos”, aseguraron.
La polémica que levantó la denuncia movilizó a gran parte del colectivo que apoyó la recuperación de un emblema para la cultura local. Las autoridades de la Biblioteca Popular Vigil denunciaron, mediante un comunicado en redes sociales primero y en el acto por el Día de los Derechos Humanos después, una solicitud de parte de los abogados Abaca y Scalona, ex colaboradores y ex alumnos de la institución, en reclamo por el pago de sus honorarios profesionales, los cuales, según denuncian, ascienden a la suma de 10.871.650 pesos.
“Los abogados presentaron en el juzgado un pedido de regulación de honorarios con un estimativo en casi 11 millones de pesos. Ellos lo presentaron el 12 de noviembre y nos enteremos el 5 de diciembre. Esto pone a la institución en una situación tremendamente riesgosa, ya que es una suma exorbitante sobre un bien que fue donado, que no es resultado de una acción judicial”, señaló Celina Duri, directora de la Biblioteca.
“Si algo le faltaba a este expediente era un cierre de este tipo. Nosotros vamos a pelear por la institución, por los socios, por la historia. Sentimos la necesidad de salir a decirlo públicamente. Jamás dijeron que iban a cobrar honorarios y ahora los reclaman desde el 2004, cuando ni siquiera éramos institución. Actuaron como socios, como tantos otros que aportaron su conocimiento para la lucha, no fueron abogados contratados”, agregó la directora, al tiempo que anunció la convocatoria para este miércoles a las 19.30, en la Biblioteca a socios y a la comunidad en general para informar acerca de la situación.
Sin embargo, uno de los abogados en cuestión, Marcelo Scalona, difundió un comunicado en el que desmintió la acusación. En cambio, sostuvo que la cifra no fue aun acordada por el juez Marcelo Quaglia, ya que ni siquiera fue enviada la notificación correspondiente.
“Recién esta semana el juez sacó un decreto ordenando que se le notifique a la Vigil. Esa cifra es una referencia en función del capital que hay en juego y de la cantidad de trabajo y de contratos que se firmaron y tramitaron durante 11 años, pero no está regulada. La ley de Aranceles establece esa referencia en relación con el patrimonio en conflicto, que es de 40 propiedades, donde hay un contrato de alquiler de 10 millones de pesos. Tampoco está determinado quién lo tiene que pagar”, corrigió Scalona. Y explicó hay un antecedente en el que los honorarios de los interventores lo pagó el Estado, “así que en este caso bien le podría tocarle también; eso está en expediente”.
A su vez, destacó que tanto él como su compañero –Abaca está en el exterior– renunciaron al cobro de la mayoría de sus honorarios por parte de la Vigil, y que así figura en un acta. “Hay un acta de comisión directiva donde renunciamos a parte de estos honorarios, es un acta muy reconocida, lo íbamos a hacer saber cuando estuviera la regulación. Renunciamos a prácticamente todos los honorarios hasta el momento de nuestra renuncia. La Vigil tiene sólo dos libros de actas así que es fácil de encontrar”, expuso Scalona, con lo que pretende tranquilizar a la comunidad respecto que el pago no correrá por cuenta de la Vigil ni aunque así lo determinara el juez.
Sobre este punto, Duri dejó entrever sospechas acerca de la veracidad de ese acta.
En relación con la polémica solicitud, que los miembros de la Biblioteca catalogaron como “una cuestión ética o moral”. Pero Scalona replicó: “Nuestra intención fue que esta gente visibilizara el valor de nuestro trabajo, porque nos fuimos de la entidad y jamás nos llamaron para pagarnos los gastos. No cobré los telegramas ni llamadas ni viajes ni taxis. Cuando dejamos la institución no nos nombraron en nada, ni siquiera nos invitaron cuando hicieron el señalamiento del lugar como lugar de memoria histórica”, concluyó el abogado.
