Nuevo protocolo para internos de alto riesgo: se elimina el contacto físico en las visitas

El Ministerio de Seguridad de la Nación ha implementado nuevas restricciones para las visitas a los internos considerados de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esta medida, oficializada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 153/2025, tiene como objetivo reforzar los controles en los penales tras la detección de maniobras ilegales que involucraban a algunos familiares y abogados de los internos.

Restricciones clave de la nueva normativa:

• Visitas a familiares directos mayores de 16 años: Cada interno podrá recibir hasta dos visitas de familiares directos mayores de 16 años, sin contacto físico (a través de locutorio), con una frecuencia de una vez cada 15 días y una duración de 60 minutos.
• Visitas a hijos menores de 16 años: Los internos podrán recibir a sus hijos menores bajo las mismas condiciones, sin contacto físico y con la misma duración y frecuencia.
• Autorización judicial: El Servicio Penitenciario Federal deberá consultar con la autoridad judicial y el Ministerio Público Fiscal correspondiente para asegurarse de que no existan impedimentos para autorizar las visitas solicitadas por los internos.
• Revocación de visitas: Si se revoca la autorización de un visitante, no podrá solicitarse su reingreso como visitante en un plazo de seis meses.
• Prohibición de visitas a personas con antecedentes penales: No se autorizará la visita de personas condenadas o bajo investigación por delitos.
• Restricciones a apoderados y allegados: Los internos no podrán recibir visitas de apoderados ni allegados.
• Excepción para abogados defensores: Las visitas de abogados defensores acreditados en los expedientes judiciales no estarán sujetas a estas restricciones.
• Intervención en casos de delitos: El Servicio Penitenciario Federal deberá denunciar cualquier delito detectado durante las visitas y podrá solicitar medidas de seguridad adicionales, como el monitoreo de visitas o la prohibición temporal de las mismas.

Esta medida se toma en el marco del Plan Bandera, implementado en 2024 como un esquema de seguridad reforzada para contener la violencia narco en Santa Fe. Desde su implementación, se habían introducido restricciones en comunicaciones telefónicas y visitas, pero ahora los controles se endurecen aún más, especialmente tras la detención de nueve familiares y dos abogados de internos de alto riesgo, acusados de actuar como nexos con bandas criminales y enfrentando cargos como asociación ilícita y secuestro extorsivo.

La nueva normativa entra en vigor de forma inmediata, y el Servicio Penitenciario Federal debe aplicar estas medidas junto con las ya existentes.