Oferta salarial sin certezas, rechazo gremial cantado

Por: David Narciso

La medida de fuerza que los maestros iniciarán el lunes es una novedad para la gestión Binner, que si bien no venía invicta, hasta aquí tenía el mérito de haber sorteado dos inicios de ciclo lectivo sin conflicto.

Desde la perspectiva de cualquier trabajador, un aumento de 7 por ciento sin mayores precisiones para el resto del año no resulta buen negocio. La promesa del gobierno de incrementar ese 7 por ciento a partir de mediados de año suena a los oídos del empleado como un “pagadiós”, ya que, como la misma ministra Rasino lo reconoce, es la desconfianza en la economía (hasta ahora estable a pesar de la ola de malos augurios que se repiten en los últimos dos años) la que genera incertidumbre.

El conflicto que se avecina no sólo afectará a la comunidad educativa y al gobierno. También la Legislatura quedará en el centro del debate y quizás se requiera su intervención en alguna instancia. En las próximas semanas deberá tratarse el veto parcial del gobernador al presupuesto que recortó la oposición. Que el status quo surgido de la encarnizada batalla por los recursos no termina de conformar a nadie lo evidencian los diputados kirchneristas, que en diciembre votaron el recorte presupuestario y ahora proponen cobrarles Ingresos Brutos a petroleras y exportadoras de soja para que intendentes puedan pagar salarios.

El brete no es menor. El gobierno dice que no sabe si tendrá los recursos para cumplir con acuerdos salariales más altos a mediados de año y por eso alega “haber ofertado con responsabilidad en función de lo que puede pagar hoy”. Es ese mismo argumento el que lleva a los estatales a no dejar para después lo que les están diciendo que tienen que asegurarse hoy.

Es una realidad asumida en el país por todas las ramas sindicales, ya sean estatales o privadas, que en 2010 la pauta salarial debe rondar el 20 por ciento. Y los gremios santafesinos, con Amsafé a la cabeza, irán por ello; de lo contrario los trabajadores estarían cediendo una fracción de su participación en los recursos del Estado santafesino, amén de perder poder adquisitivo. 

Entonces por qué pedirles a los sindicatos que tomen ahora una parte y confíen en el gobierno que, al margen de las buenas intenciones, les está diciendo (y la realidad del conjunto de las provincias le da la razón) que no sabe si después podrá cumplir con aumentos parciales que se acumulen sobre el 7 por ciento inicial.

Comparada con otras jurisdicciones, la oferta de la Casa Gris no está fuera de rango. Propone subas escalonadas para acompañar el Índice de Precios al Consumidor. Podrá discutirse si el 7 por ciento inicial debería ser más alto, pero lo que provoca el rechazo es la falta de certeza sobre cómo será la ruta para llegar a aquel 20 por ciento.

La encerrona en la quedó el gobierno, víctima del hachazo presupuestario que le propinó la inesperada alianza kirchnerista-reutemista, sumada a la incertidumbre económica-política del país, lo pone en una situación delicada por la que ya han transitado gobiernos anteriores.

Sin embargo hay diferencias que deben ser explicitadas. Una es que las administraciones del PJ contaban con mayoría legislativa para aprobar sus presupuestos. Las otras tienen que ver con la lista de conquistas docentes desde 2008.

Sobre esto último corresponde algo de precisión. Si bien son resultado de años de lucha de los maestros, no es menos cierto que mientras las administraciones anteriores las negaron, el Frente Progresista las incluyó en su plataforma electoral y al llegar al poder las puso en práctica.

Es el caso de la paritaria docente, ninguneada por sucesivos gobiernos durante 20 años. Cuando firmó el decreto que le dio vida el gobierno aceptó el desafío que significa abrir la participación, cosa poco frecuente en la política actual y que quien habita en el poder inercialmente trata de contener, en el mejor de los casos.

Por eso es comprensible la queja de la ministra de Educación cuando sostiene que la lógica de negociación sigue siendo la misma de cuando no había paritarias y que la discusión salarial impide avanzar en otros sentidos. Otros gobiernos jugaban hábilmente en esa lógica, y si bien no les iba bien a la hora de evitar huelgas, la magnitud que tomaba el conflicto salarial postergaba los restantes temas de preocupación docente.

La huelga de docentes de finales de 2009 –una medida que no les reportó nada– paralizó los demás temas que se estaban trabajando en la paritaria, como el de la vivienda docente con recursos del Estado, otro ítem en el cual los docentes eran el último orejón del tarro y discriminados con respecto a otros empleados estatales.

En este sentido es reconocible a la gestión Binner que ha elevado el piso institucional en un puñado de frentes.

En el caso de los docentes incluye avances que les estuvieron negados durante décadas, que cuestan muchos millones y que gestiones anteriores cuando tuvieron los recursos eligieron no volcarlos ahí (no son pocos los dirigentes del PJ que por lo bajo critican concursos y titularizaciones porque incrementan el gasto).

En estas horas asumieron jueces comunales surgidos de un concurso de antecedentes y oposición y ya no del dedo de funcionarios, intendentes o senadores.

Promovió un directorio del Enress en una cuestión tan ríspida como el aumento de tarifas; logró instalar una agenda independiente, empujando audiencias públicas y la segmentación de la tarifa.

Es probable que el gobierno se lamente por estas horas porque nuevas demandas pasan pronto a segundo plano a estos y otros progresos que se le pueden reconocer. En ese contexto, desde su perspectiva el caso docente puede resultar una fuente inagotable de sinsabores.