Oficialismo propuso que sean menos las empresas públicas a privatizar para destrabar la ley Ómnibus

El bloque de La Libertad Avanza propuso este jueves a los bloques dialoguistas eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley «Bases» y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas, mientras avanzaba a la noche el debate en la Cámara de Diputados.

Los cambios del oficialismo iban a ser propuestos cuando se discutiera en particular cada capítulo el dictamen de mayoría que se debate desde el miércoles en el recinto de sesiones, y que en la madrugada del viernes se podía llegar a votar en general.

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En ese borrador que contienen los cambios, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.

El nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechace todas las ventas de las empresas públicas.

Fuentes de la oposición señalaron que estaban estudiando la nueva propuesta, pero señalaron que se mejora el sistema de control que tendrán las privatizaciones.

Debate con 140 oradores

Este jueves al mediodía los diputados nacionales retomaron el debate del proyecto de ley de Bases que establece la emergencia pública, una amplia reforma del Estado y privatización de empresas públicas. El miércoles por la noche habían decidido pasar a un cuarto intermedio tras una extensa jornada que había comenzado a las 10.30 y dejar las intervenciones de los 140 legisladores que tenían la palabra y aún no habían hablado. En el mientras tanto, el oficialismo buscó los apoyos necesarios para la aprobación, en medio de críticas de la oposición y disturbios frente al Congreso.

Los diputados nacionales comenzaron el miércoles a tratar la llamada ley Ómnibus gracias al quórum de la oposición dialoguista que ya adelantó que acompañará el megapaquete en general.

Todo indicaba que la de este jueves sería otra jornada larga, no exenta de conflictos; y que recién el viernes por la madrugada se sabría el resultado.

Antes del inicio de la sesión, el martes, el bloque Hacemos Coalición Federal emitió un comunicado en el que además aclaró que la Coalición Cívica, el socialismo y el Gen –tres de las fuerzas que integran el espacio– tienen dictámenes propios y presentarán sus disidencias.

Ley Ómnibus, día 1: la sesión del miércoles

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había acordado con los jefes de bloques que la sesión –la primera que conduce el libertario riojano– comenzaría a las 10 aunque luego se demoró media hora su inicio, con la presencia de 137 diputados del oficialismo y de los bloques más cercanos al gobierno.

En rigor, el debate sobre el megapaquete comenzó aún más tarde, luego de que el cuerpo legislativo abordara las cuestiones de privilegio y declaraciones políticas.

El oficialismo tenía garantizado un piso de 129 diputados, ya que tanto la bancada radical, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación adelantaron su colaboración para conformar el quórum y ya habían anticipado que votarán en general el dictamen de la mayoría.

Lo que sucede es que la LLA tiene 38 diputados y siete aliados firmes, pero necesita el respaldo de las tres bancadas dialoguistas para aprobar cada artículo de la ley y eso no lo tenía asegurado en algunos capítulos, como la privatización de empresas públicas.

Hasta entonces tenía más de 140 votos para la aprobación en general y necesita reunir por lo menos 128 sufragios –teniendo en cuenta que Menem no vota– para imponerse en cada capítulo del dictamen de un proyecto que tiene 385 artículos.

Tras quitar el capítulo fiscal y el sistema de actualizaciones de jubilaciones, los principales puntos del dictamen de mayoría que se debatirán serán la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado, y las privatizaciones de empresas públicas.

Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados mantuvo conversaciones con los bloques dialoguistas para superar las diferencias sobre privatizaciones, seguridad, pesca, hidrocarburos, biocombustibles y aumentos de impuestos internos.

En cuanto a las facultades delegadas, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de 11 a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aún había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

Sobre las privatizaciones, el Poder Ejecutivo propone vender todas las empresas públicas –con excepción de YPF– y en el caso de Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.