Se trata de la muerte de Magalí Ojeda, quien fue asesinada en agosto de 2018. A pedido del MPA, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe se hará cargo del costo económico
Se ofrece una recompensa de 1.000.000 de pesos para quienes aporten datos útiles, relevantes y decisivos para esclarecer el femicidio de Magalí Guadalupe Ojeda, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Coronda (departamento San Jerónimo). A pedido del MPA, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia se hará cargo de abonar el dinero. El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado en agosto de 2018, y la información referida al caso podrá ser brindada en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del MPA.
La compensación dineraria será distribuida entre las personas que brinden información fehaciente referida al hecho ilícito, el tiempo, el modo y/o el lugar en el que fue cometido.
A pedido del MPA, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe se hará cargo del costo económico. Así lo establece la resolución 32/2023 de la ministra Celia Arena.
El cuerpo sin vida de Magalí Ojeda fue hallado el domingo 26 de agosto de 2018 debajo del puente macro de desagüe ubicado en calle Mitre sin número de la zona oeste de Coronda. Al momento de su muerte, la víctima tenía 16 años.
La Unidad Fiscal Coronda de la Fiscalía Regional 1 lleva a cabo la investigación del femicidio.
Quien tenga información relevante para brindar debe dirigirse a cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del MPA:
La identidad de las personas que aporten datos y la de las adjudicatarias de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de la investigación y/o el proceso judicial.
Por otro lado, se eximirá del pago ofrecido a quienes hayan participado de la comisión del delito, ya sea como autores, cómplices, instigadores o encubridores. También, a los miembros de las fuerzas de seguridad o inteligencia -nacionales o provinciales, en actividad o retirados-; a los funcionarios y empleados públicos en relación a hechos que tenían el deber de denunciar, y a quien por resolución fundada fuera expresamente excluido por otras razones.
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