La PDI realizó operativos en San Lorenzo y Fray Luis Beltrán tras las intimidaciones que afectaron el dictado de clases. La Provincia ya identificó a 73 personas y advierte que cobrará el costo de los operativos, estimado en 5 millones de pesos por cada caso
Allanamientos en el cordón por amenazas a escuelas
La escalada de amenazas de bomba e intimidaciones públicas contra establecimientos educativos de la región sumó un nuevo capítulo este fin de semana. En el marco de una investigación que busca frenar el efecto «contagio», efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante múltiples allanamientos en el Cordón Industrial, dejando como saldo un menor demorado y el secuestro de material tecnológico clave para la causa.
Bajo las órdenes del fiscal Maximiliano Nicosia, los procedimientos se concentraron en domicilios de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán. El resultado de las irrupciones fue el secuestro de 14 teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento que serán peritados para determinar la autoría de las llamadas y mensajes amenazantes.
En una de las viviendas, un joven de 16 años fue demorado y puesto a disposición de la Justicia de Menores. Además, los agentes hallaron estupefacientes y balanzas de precisión, lo que derivó en la apertura de una causa paralela en el fuero federal.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe mantienen una postura de «tolerancia cero». Las cifras oficiales son alarmantes: desde finales de marzo se registraron 404 denuncias en toda la provincia.
La estrategia oficial no solo apunta a la responsabilidad penal por intimidación pública, sino al bolsillo de los adultos responsables:
Identificados: Ya hay 73 personas bajo la lupa judicial, de las cuales el 95% son menores de edad.
Sanción económica: El Gobierno provincial ya inició el proceso para cobrar a los padres el costo del despliegue policial.
Cifras: Cada operativo de evacuación y rastrillaje de explosivos tiene un costo operativo que oscila entre los 5 y 6 millones de pesos.
Desde la Fiscalía indicaron que se están analizando los patrones de las llamadas para determinar si existe una organización detrás o si se trata de episodios aislados potenciados por las redes sociales. Mientras tanto, el malestar en la comunidad educativa crece debido a la interrupción recurrente del calendario escolar y la angustia que generan estas situaciones en los alumnos y sus familias.
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