En un juicio por la verdad, la juez Alicia Vence dio por probado el secuestro de 12 personas en la noche del 9 de junio de 1956, el homicidio de 5 de ellas y la tentativa de homicidio de otras 7 personas, quienes sobrevivieron. El libro de Rodolfo Walsh fue parte de la evidencia presentada. Se ordenaron medidas reparatorias y se estableció la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas y de los jefes policiales
Por Tiempo Argentino
Siete décadas después, en un juicio por la verdad, la justicia federal reconoció que hubo responsabilidad del Estado en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos de 12 militantes peronistas el 9 de junio de 1956.
El debate histórico finalizó este lunes pasadas las 13, cuando la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, leyó la parte dispositiva de la sentencia, en la que declaró que estos hechos, relatados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, se trataron de crímenes de lesa humanidad.
Por el paso del tiempo y la impunidad que rodeó estos hechos durante 70 años, todos los posibles culpables se encuentran muertos. Por eso se realizó este juicio por la verdad, que no tiene consecuencias penales. El veredicto señaló la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas; de Juan Constantino Guaranta, jefe de SIDE; de Desidero Fernández Suárez, jefe de la Policía Bonaerense; del jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno, y estableció que la pena que les hubiera correspondido si hubiesen sido juzgados es la de prisión perpetua.
Además, estableció una serie de medidas reparatorias, como la publicación de la sentencia en las páginas web del gobierno nacional y bonaerense, la construcción de un sitio de memoria en el lugar donde estuvieron los basurales de José León Suárez que difunda lo que pasó y preserve la memoria histórica, entre otras.
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