Operativo Independencia: 51 años de la prueba de ensayo del terrorismo de Estado

Este año se cumple medio siglo del inicio del genocidio en Argentina. En el calendario se resalta una fecha-símbolo: 24 de marzo de 1976, el día que las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Las fechas sirven para ordenar y recordar, ampliar la lupa permite ver un poco más el contexto. Este mes se cumplen 51 años del Operativo Independencia, ordenado por un gobierno constitucional un año antes del Golpe de Estado: ahí están las claves del terrorismo de Estado que después se aplicaría por todo el país.

En diciembre de 1974, el gobierno estaba presidido por María Estela Martínez -mejor conocida como Isabelita- tras la muerte de Juan Domingo Perón en julio de ese año. Después de un año de escaladas en las acciones militares del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) -la rama armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)- el gobierno define públicamente su decisión de combatir al grupo en el monte de Tucumán, donde la agrupación esperaba afianzar la guerrilla rural.

El operativo estaría a cargo de la 5ta. Brigada dependiente del Tercer Cuerpo del Ejército. En enero empezaron las tareas de reconocimiento en el territorio norteño. No era la primera vez que el Estado tomaba como blanco al ERP, en mayo del 74, cuatrocientos efectivos de la Policía Federal fueron dispuestos en Tucumán después de que el grupo guerrillero tomara una comisaría. Para diciembre del 74, las palabras “subversivos” y “terroristas” se extendía entre funcionarios, integrantes de las Fuerzas Armadas y parte de la población civil. Serían palabras-llave, también, para habilitar acciones que corrían cada vez más los límites de la legalidad en nombre de “defender los intereses de la patria”.

El 5 de febrero de 1975 fue un día clave: Isabel Martínez firmó el decreto Nº 261 que decía: “El comando General del Ejército procederá a ejecutar las acciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Quedaron suspendidas las garantías constitucionales. Fue el primero de cuatro decretos de aniquilamiento dictados en 1975.

Cuatro días después, el 9 de febrero, llegaron a Tucumán 1500 soldados que establecieron el Comando Táctico en la ciudad de Famaillá, a 35 kilómetros de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia. El comandante a cargo fue Acdel Vilas. A la provincia terminaron llegando 3500 efectivos que fueron asistidos también por las tropas de Gendarmería, la Policía Federal y la provincial. 

¿Por qué fiscales, sobrevivientes, querellantes plantean que se trató de una prueba de ensayo del Terrorismo de Estado? Fue la primera intervención netamente militar en una provincia, sin control político ni judicial sobre la represión desplegada. Algunos dirigentes opositores radicales cuestionaron que las medidas no pasaran por el Congreso, pero buena parte de la dirigencia política veía con buenos ojos la lucha en estos términos contra la guerrilla. También es cierto que muchas de las tareas ejecutadas -y, sobre todo, sus mecanismos- fueron hechas en secreto y recién empezaron a ser conocidas con la reapertura democrática post 1983.

Los soldados aplicaron durante el operativo métodos de “guerra contrarrevolucionaria” que habían aprendido de las escuelas norteamericanas y francesas en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Esto quiere decir que las técnicas aplicadas variaron entre acciones de terrorismo encubierto, secuestro de personas, asesinatos, la práctica sistemática de tortura durante interrogatorios y la exposición permanente y teatralizada frente a la sociedad civil.

La implementación de estas medidas requirió que se creara una suerte de ejército paralelo al oficial, clandestino y articulada a la estructura oficial del aparato de inteligencia y represión del Estado todo. 

A Vilas se atribuye “fundar” el primer centro clandestino de detención de Argentina en Famaillá. Pasaron por allí -la escuela del pueblo, conocida tétricamente como “la Escuelita- al menos 1500 hombres y mujeres, víctimas de torturas, asesinatos y desapariciones. La represión no alcanzó únicamente a la guerrilla, con la que consiguió pocos encuentros pero efectivas emboscadas que fueron quitando su capacidad de actuación ya para junio de 1975. Por lo que la represión ilegal se extendió también a la población civil.

Desde 1975, y durante la última dictadura, en Tucumán se llegó a articular un circuito represivo que incluyó un centenar de centros clandestinos entre la Jefatura de Policía de Tucumán, la Brigada de Investigaciones y la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga; las comisarías de Famaillá y Monteros; en los ex ingenios Nueva Baviera, Lules y Santa Lucía y en Chimenea de Caspinchango, Conventillos de Fronterita e Ingenio Fronterita, entre otros. También varios establecimientos educativos, como la Escuela de Educación Física y la Escuela de General Lavalle en Famaillá.

En octubre de 1975 se completó la serie de decretos que consagrarían el aniquilamiento de “elementos subversivos” y la aprobación de la intervención de todas las Fuerzas Armadas -no sólo el Ejército- y ya su extensión por todo el territorio nacional. Las herramientas institucionales para desatar el genocidio en Argentina.

Además, en diciembre del Vilas fue reemplazado por el general Antonio Bussi, quien ocupó la máxima autoridad de Tucumán durante la dictadura y llegó a ser gobernador electo entre 1995 y 1999. 

Nunca Más

En 2017 se condenó por primera vez estos crímenes. La causa tuvo 269 víctimas y marcó un precedente fundamental porque determinó que hubo crímenes de lesa humanidad cometidos antes del golpe de Estado de 1976.

Hubo diez condenados: a cinco ex policías y a un ex militar a prisión perpetua y penas de entre 4 y 18 años de prisión a dos ex policías y dos ex militares. El Tribunal absolvió a siete. El juicio también visibilizó delitos sexuales cometidos en este periodo.

En 2020 fue la segunda sentencia en esta megacausa, entonces investigó los crímenes cometidos contra 335 víctimas. También se condenó a seis imputados a prisión perpetua y a otros cuatro a penas de entre 4 y 18 años de prisión. Absolvieron a siete.