Opinión: Apuntes contra el Estado policial

Por Carlos del Frade (*)

Estimadas y estimados integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Señor Martín Rosúa, presidente de la Comisión.

De mi mayor consideración:

El Mensaje del Poder Ejecutivo ingresado el 14 de mayo de 2026 bajo el número de expediente 58.987 en esta Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe supone diez  modificaciones al Código Penal, ley 12.734; a la ley 14.243 acerca de la pena preventiva de libertad; a la 14.246 de inteligencia; cuatro cambios en la ley 13.494 del fondo de recompensas y a la ley 7.395,  orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe de 1975.

Entre los fundamentos que anteceden los 19 artículos del proyecto, se lee que el objetivo es atacar la “criminalidad compleja, organizada y violenta…”.

Mencionan “limitaciones estructurales”, el “derecho a la seguridad” y las “herramientas tecnológicas”.

Agregan que “no hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir”.

Y sostiene que el proyecto habita en el “equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia penal y la protección de la comunidad”.

Esa definición manifiesta el objetivo del Ejecutivo de relativizar las garantías individuales en pos de la eficacia penal y la protección de la comunidad.

Estos postulados, de por si, hacen presente una de las primeras definiciones del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro que, al asumir ante la Asamblea Legislativa, mencionó el “estado de excepción”.

La reducción de homicidios en los principales departamentos de la provincia lograda en estos años demuestra que se ha logrado la llamada “eficacia penal” y también, en ese sentido, por lo menos un aspecto de la protección de la comunidad.

De tal forma resulta imprescindible explicar para que buscar reducir garantías individuales cuando la llamada política pública de seguridad está dando buenos resultados.

Sin embargo este Proyecto de Ley, en sus 19 artículos, está lejos de modernizar el sistema penal y repite prácticas policiales del año 1975 que están no solamente a contramano de los trabajosos avances democráticos si no también en contradicción con artículos de las constituciones vigentes, la nacional y la provincial de 2025.

Yendo al articulado es preciso marcar nuestras profundas diferencias:

-En el artículo 1 se menciona que los imputados deberán contar “en lo posible” con la presencia de su defensor. Esa reducción del derecho a la defensa a mera posibilidad resulta inaceptable para una concepción democrática.

-En el artículo 3, al mencionarse las exclusiones probatorias, aparece la expresión, absolutamente lejana de la comprobación científica o jurídica, que reivindica la práctica policial, aquello del tire primero, pregunte después, tristemente célebre durante el terrorismo de estado,  al leerse: “…creyendo de buena fe en la legalidad de su accionar”. Un texto legal del tercer milenio que se subordina a una profesión de fe. No parece cumplir con mínimas pautas de seriedad argumentativa salvo que se escriba de esa manera porque se quiere liberar aún más el accionar de las fuerzas policiales sin que haya necesidad de explicaciones.

-El artículo 4 merece nuestro profundo rechazo al proponer allanamiento sin autorización judicial.

-El artículo 6 vinculado a modificaciones sobre el régimen de prisión preventiva merece una discusión entre constitucionalistas y penalistas que puedan democratizar conocimientos antes de volver a endurecer los tiempos sin mayores argumentos que la punibilidad demagógica.

-Las observaciones sobre la incorporación de tecnologías deben discutirse en el marco de la concepción de medios y no fines o certezas porque son imágenes captadas por cámaras alimentadas por inteligencia artificial agéntica por encima de las interpretaciones humanas.

-Las modificaciones en torno al fondo de las recompensas parece ser más una discusión de hacienda que de política pública de seguridad o de derechos y garantías.

-El artículo 11 al mencionar la pena de aislamiento incurre en la violación del artículo 18 de la Constitución Nacional.

-El artículo 17 que dispone la posibilidad de reducir todo un barrio o un sector de una ciudad o población como parte de una zona de interés policial parece ser la resurrección del estado de sitio y resulta inaceptable para nuestro punto de vista.

Entendemos este proyecto de ley como un retroceso democrático, un nuevo empoderamiento a la Policía de la Provincia de Santa Fe en las calles y una serie de artículos que sobrelegislan sobre una realidad que, por otra parte, tal como lo dice repetidamente el gobierno provincial, le da la razón en la reducción del número de homicidios.

¿Por qué darle mayor poder a la Policía de la Provincia de Santa Fe?.

¿No será mejor discutir en profundidad una nueva ley orgánica de la fuerza en lugar de seguir sumando dureza por abajo mientras la circulación de los grandes negocios ilegales está mucho más allá de las poblaciones que llenan las cárceles santafesinas?.

Por estas razones adelantamos nuestro voto en contra en general y particular este Mensaje del PE desde su tratamiento en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

Gracias por vuestra atención.

(*) Diputado provincial

Carlos del Frade

Diputado Provincial del Frente Amplio por la Soberanía.