Opinión: ¿Bien de consumo o derecho? Lo que está en juego detrás de Remediar

Por Leonardo Caruana

Hay decisiones que se leen en una línea y se padecen durante años. La Resolución 1447/2026 reduce el vademécum del Programa Remediar de 128 medicamentos esenciales a seis principios activos cardiovasculares. Es decir, el Estado nacional deja de garantizar un piso común de acceso que durante más de dos décadas llegó a todo el país. Esta decisión del gobierno de Javier Milei podría leerse como un eslabón más en una cadena de recortes. Pero creo que sería un error quedarnos en esa lectura. Porque lo que está en juego no es solo una partida presupuestaria, sino una idea acerca de qué es la salud y de quién debe garantizarla.

Hay aquí una paradoja que merece señalarse. Un gobierno que hace de la eficiencia su bandera desarma uno de los mecanismos más eficientes que tuvo el Estado argentino: la compra centralizada, que permitía adquirir medicamentos alrededor de un 75% por debajo del precio de mercado. Veinticuatro compras separadas, con menos volumen y menos poder de negociación, difícilmente alcancen esos resultados. Pero hay más. Si se interrumpen tratamientos crónicos de bajo costo, como los de la hipertensión o la diabetes, lo que llega después son complicaciones e internaciones mucho más onerosas para el propio sistema público. En otras palabras, el ahorro es aparente: el costo se traslada hacia adelante y hacia abajo, hacia los efectores de salud y hacia los hogares.

La mirada que hoy orienta las decisiones nacionales parte de un supuesto. Según ese supuesto, el medicamento sería un bien como cualquier otro, cuyo precio y circulación debe ordenar el mercado, y el acceso a él sería una cuestión que cada una, cada uno resuelve según sus posibilidades. En esa misma lógica se inscribe la desregulación de la venta libre, que deja fuera de la cobertura de obras sociales y prepagas a un conjunto de medicamentos y amplía el gasto de bolsillo de las familias. No es una mirada neutral ni meramente técnica. Detrás de la apelación a la libertad de elegir hay una concepción que convierte al ciudadano en consumidor y al padecimiento en oportunidad de negocio.

Si corremos el foco del individuo que compra hacia la comunidad que cuida, el problema cambia de forma. Los procesos de salud-enfermedad-cuidado están atravesados por determinantes sociales que no se resuelven en el mostrador de una farmacia: el trabajo, la vivienda, el ingreso, el lugar donde se vive. Cuando el acceso a un tratamiento depende de la capacidad fiscal de cada provincia y del bolsillo de cada familia, la fragmentación del sistema se vuelve desigualdad concreta. ¿Qué piso común nos queda como país cuando cada territorio se las arregla cómo puede?

La historia del sistema de salud de Rosario muestra que otro modelo es posible, y que no se trata de una utopía sino de una construcción sostenida en el tiempo. La red de centros de salud garantiza el acceso a los medicamentos desde la cercanía, en cada barrio, como parte de un proceso de cuidado y no como un acto de dispensa aislado. El Laboratorio de Especialidades Medicinales, que junto al LIF participó de las licitaciones nacionales del propio Remediar, demuestra que la producción pública es una herramienta estratégica y no una rareza. Así, el medicamento ocupa su lugar: no el de una mercancía ni el de un fin en sí mismo, sino el de un instrumento de gran valor terapéutico al servicio del encuentro entre el equipo de salud y la población.

Debo reconocer que estas redes también están hoy bajo tensión, y que amortiguan -la más de las veces con mucho esfuerzo- lo que otros niveles del Estado dejan de garantizar. Por eso creo que la tarea no es solo resistir, sino construir. Si recuperamos la compra pública como herramienta de equidad; si fortalecemos la producción pública de medicamentos y la articulamos entre laboratorios, provincias y municipios; si sostenemos equipos cercanos, capaces de cuidar y cuidarnos en cada territorio; si volvemos a discutir colectivamente qué entendemos por salud. Si todo eso sucede, el medicamento dejará de ser un privilegio para volver a ser un bien social, y habremos dado un paso hacia un sistema más justo, más solidario y más humano.