Opinión: Fentanilo contaminado, el desafío de transformar el dolor en acción

Por Varinia Drisun (*)

Hace pocos meses, la Argentina fue golpeada por una de las mayores tragedias sanitarias de su historia: la distribución de fentanilo contaminado, que está relacionado con más de un centenar de muertes de pacientes en hospitales públicos y privados.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el tema pasó casi inadvertido para los grandes medios nacionales.

En Santa Fe, en cambio, no le quitamos la atención ni el acompañamiento a quienes perdieron a seres queridos, porque lo sucedido no fue una falla técnica aislada, sino el resultado del debilitamiento de los mecanismos de control, la corrupción de los que usan el Estado para hacer negocios, la falta de transparencia en la producción y un Estado Nacional cada vez más endeble frente al derecho innegable de la comunidad a una salud segura y digna.

En la Comisión de Salud de la Legislatura provincial recibimos a los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado. Mayormente mujeres, organizadas para poder visibilizar lo que atravesaron desde que se inició la causa. Fue un acto de humanidad indispensable, una acción política desde la empatía, pero sobre todo una instancia institucional de escucha obligada, para tomar nota de padecimientos concretos de los ciudadanos: dificultades en la atención, especialmente en algunos sectores privados de Rosario, trabas burocráticas, vulneración de derechos y un profundo sentimiento de desamparo.

La investigación parlamentaria impulsada en la Cámara de Diputados de la Nación, en una comisión especial que presidió Mónica Fein, junto con el trabajo del juez federal Ernesto Kreplak, dejaron al descubierto algo que muchos venimos advirtiendo desde hace tiempo: el sistema sanitario argentino carece de una trazabilidad comercial efectiva de los medicamentos, de alertas tempranas y de controles integrados y oportunos sobre los productos que llegan a hospitales y clínicas.

En su exposición ante la comisión especial, el juez fue claro al señalar que el Estado, en el ámbito nacional, no contaba con capacidad de monitoreo en tiempo real de la producción y distribución de fármacos. Esa carencia impidió localizar rápidamente las ampollas contaminadas y reaccionar a tiempo, revelando una fragmentación profunda de la información entre organismos, jurisdicciones y efectores de salud.
A esto se suma un dato político de enorme gravedad: las autoridades nacionales responsables no dieron la cara. La comisión investigadora citó en más de una oportunidad a funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, al propio ministro del área, Mario Lugones, y a las autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y no se presentaron.

Un Estado que no puede garantizar que un medicamento sea seguro para la vida de quienes lo necesitan está fallando en lo esencial. Familias enteras quedaron devastadas, no solo por la muerte de sus seres queridos sino también por la sensación de haber sido abandonadas por un sistema que debía protegerlas. Los propios familiares lo expresaron con crudeza al señalar que no solo se consideran víctimas del fentanilo, sino de un Estado ausente.

Las políticas de desregulación, el ajuste de plantillas y el debilitamiento de los organismos de control impactan directamente en la vida de las personas. En lugar de reforzar y profesionalizar la ANMAT, de exigir mayor transparencia y sistemas de alerta temprana, se avanzó en el sentido contrario, debilitando la capacidad del Estado para prevenir y actuar.

No podemos naturalizar que los controles queden en manos de quienes producen y comercializan los medicamentos. El lucro no puede ni debe prevalecer sobre la salud pública, porque cuando eso ocurre las consecuencias son concretas, dolorosas y, muchas veces, irreversibles.

Los testimonios de las familias también dejaron en evidencia otra dimensión de la crisis: la dificultad para acceder a las historias clínicas de sus seres queridos, cuando está claro que legalmente pertenecen a los pacientes y a sus familiares. Ese obstáculo no solo entorpece la búsqueda de verdad y justicia, sino que profundiza el daño. Acompañar también es garantizar derechos.

El ministro Federico Sturzenegger llegó a sugerir públicamente que si no existiera la ANMAT, las personas “se cuidarían mejor”, porque el Estado “no protege” y, en algunos casos, “crea riesgos”. Esa afirmación no sólo es conceptualmente errónea, sino profundamente peligrosa. Traslada la responsabilidad de la seguridad sanitaria a los individuos, incluso cuando están internados, sedados o en situación de extrema vulnerabilidad. Pretender que un paciente crítico, una familia o un profesional de la salud puedan reemplazar al control estatal es desconocer cómo funciona el sistema sanitario y negar el rol esencial de las autoridades públicas. Cuando el Estado se retira, no aparece la libertad: aparece la desprotección, y los que pagan el costo son siempre los mismos.

Constan en el Congreso de la Nación proyectos que abordan la necesidad de actualizar y robustecer los controles de fiscalización en la produccion y distribucion de medicamentos, y creo que la provincia de Santa Fe deberá adecuar y actualizar su normativa en sintonía, sin reemplazar las incumbencias nacionales.

Hace décadas que nuestro país no aborda el desarrollo de un sistema nacional de salud, y en este sentido, para el caso que nos ocupa, me parece fundamental recuperar algunas de las (20) recomendaciones que la comisión nacional por el fentanilo contaminado emitió en su dictamen, y que considero importantes e interesantes:

– La formalización de la ANMAT por ley (creada en el 92 por decreto)
– Requerir que la ANMAT realice las modificaciones necesarias del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deban tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados, como también que el mismo sea de público acceso y no un mero elemento de procedimientos internos.
– Requerir al Ministerio de Salud de la Nación que ponga en funcionamiento una red de articulación entre el sector público y privado, para homologar los procesos de comunicación y respuesta frente a situaciones de afectación general de la salud pública.
– Requerir al Ministerio de Salud de la Nación que promueva en el Consejo Federal de Salud (COFESA) la elaboración de pautas de control y alertas epidemiológicas y/o de eventos sanitarios masivos de obligatorio cumplimiento para los efectores públicos y privados.
– Digitalización de las Historias Clínicas del sector público y privado (Santa Fe lo está haciendo) con un régimen de sanciones para quien incumpla.
– Establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares de los laboratorios y sus responsables técnicos.
– Requerir a las autoridades jurisdiccionales el establecimiento de mecanismos locales de control de la calidad de atención al paciente dentro de la institución sanitaria, tanto el sector público como en el privado.

Como vemos, hay mucho que el Estado Nacional tiene por discutir y hacer, y es necesario participar desde cada uno de nuestros lugares de ese debate, pero también quiero recuperar algo que podemos retomar desde nuestra provincia: Es necesario avanzar con normativas propias, provinciales, que generen mayor seguridad en el acceso a los medicamentos, mejoren la fiscalización y protejan a nuestras comunidades frente a cualquier riesgo sanitario evitable, pero que deben estar acopladas a la normativa nacional. Y sí corresponderá la posibilidad de desarrollar para nuestra provincia mecanismos locales para evaluar la calidad de los procesos de atención.

Escuchar el padecer de las familias damnificadas, víctimas, estar cerca, hace imposible ignorarlas. Y nos obliga a avanzar en herramientas que promuevan la salud como derecho.

Tenemos el desafío de promover el debate de una ley de Salud para Santa Fe, y en ella debemos incluir:

– Mecanismos de acompañamiento integral a las víctimas y a sus familias, que incluyan reparación, asistencia y acceso pleno a la información, incluyendo las historias clínicas.
– Garantizar la transparencia de todos los procesos sanitarios, con acceso público a los datos de fiscalización y a las alertas sanitarias.
La defensa de la salud pública es inseparable de la idea de un Estado presente, solidario y responsable. La ausencia de controles mata. Convertir este dolor en políticas públicas concretas no es una opción: es una obligación.

(*) Diputada provincial de Santa Fe, presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Provincia y secretaria adjunta del Partido Socialista de Santa Fe